Hoy se cumple un nuevo aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948.
Desde hace ya varias décadas, sumergidos en el supuesto combate al comercio ilegal de drogas y en la presunta búsqueda de garantizar la defensa de la seguridad y la salud públicas las naciones centraron sus políticas en acciones represivas que, ante todo, vulneraron los derechos más elementales de las personas. Entre esos colectivos, uno de los más golpeados fue el de los usuarios de drogas ilegales.
En Latinoamérica, las políticas de drogas prohibicionistas han garantizado mayor militarización y aumento de la violencia, la criminalización del consumo de drogas, la violación de las garantías en los procesos penales, detenciones masivas, castigos desproporcionados, encarcelamientos en condiciones inhumanas y la imposibilidad de acceder al sistema de salud para aquellos que lo necesitan.
En 2015 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó que se realice un informe sobre “el impacto del problema mundial de las drogas en el disfrute de los Derechos Humanos”. En ese sentido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) confirmó las sospechas y consideró que “despenalización del consumo de drogas puede ser una forma eficaz de ‘descongestionar’ las cárceles, redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la rehabilitación”. En ese movimiento, la ONU planteó dejar de considerar a los usuarios como simples delincuentes, para considerarlos como “pacientes en tratamiento”, desconociendo que los usuarios de drogas ilegales con problemas de consumo, abandonados por los sistemas de asistencia, representan en sus propios informes sólo un 10% del total del universo de quienes consumen algún tipo de sustancia ilícita. En consecuencia, siguen sin realizarse cambios de fondo en las Convenciones prohibicionistas, hecho que continúa garantizando la violación de derechos esenciales.
Estos son, de manera resumida, algunos de los derechos innegables que deberían asistirnos:
– Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
– Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre.
– Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
– Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
– Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
– Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
– Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.
– Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.
– Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
– Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
– Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
– La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público.
– Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho ala satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
– Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
– Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita.
– Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás.
Aquí la Declaración Universal de Derechos Humanos completa, publicada por la UNESCO para el 60ta. Aniversario:
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001790/179018m.pdf
Foto: Manifestación en México exigiendo que se esclarezca la desaparición de 43 estudiantes en 2014. Los jóvenes habrían sido asesinados por el cártel Guerreros Unidos en connivencia con el Estado.