Quizás el caso de Adriana Funaro sea un ejemplo perfecto de aquello a lo que se exponen los cultivadores y usuarios de cannabis en Argentina.
Primero sufrió la desprotección: perdió su cosecha a manos de ladrones y, en ese contexto, fue extorsionada por la policía. Luego padeció más violencia: en 2017 la denunció un vecino, fue allanada, detenida, encarcelada en prisión domiciliaria, sobreseída. Y ahora fue denunciada de nuevo.
Adriana es usuaria de cannabis y desde hace años cultiva para elaborar extractos de la planta que usa para calmar los dolores de su artrosis hereditaria y también para regalar a otras personas que lo necesitan. A pesar de las abrumadoras evidencias, los usuarios medicinales que plantan no están abiertamente contemplados en la actual ley medicinal, que es explícita a la hora de garantizar la importación de productos desde los Estados Unidos, pero aún mantiene en un peligroso gris legal a los usuarios que hacen su propia medicina y a aquellos que cultivan para otros.
En 2017 Adriana fue allanada a raíz de una denuncia anónima de su vecino bajo la figura de “cultivo y posesión de estupefacientes”, el mismo vecino que ante decenas de personas y policías disparó al suelo con un arma de fuego sin ser detenido.
Después de tres días en la comisaría, Adriana fue trasladada a la casa de su hija para cumplir una prisión preventiva domiciliaria y fue luego liberada por falta de méritos a los tres meses de iniciada la odisea.
Mientras esperaba la decisión de los jueces, se sancionó la ley 27.350 de cannabis medicinal. En aquel momento, estando detenida, Adriana opinó: “Yo lo festejé. La verdad que la lucha que han dado las madres y todos los que están alrededor es muy loable, esto es un gran paso y es histórico. A pesar de que no contemple un montón de cosas, y yo también soy cultivadora social, no podemos mirarnos el ombligo, hay que ir escalón por escalón”.
Respecto a la nueva denuncia, la fiscal a cargo pidió dos meses de prórroga para resolver cual será la posición del Estado. “Tiene la denuncia en su oficina hace una semana y todavía no hizo nada, así que estamos a la espera de que la fiscal resuelva que va a ser de mi vida”, cuenta. Y agrega con desesperación: “Hace una semana estaba con la almohada corriendo para todos lados a ver donde iba a dormir para no ponerle el pecho de nuevo a un allanamiento”.
Mientras se estiran los debates y se postergan las decisiones, los pacientes sufren y ven cómo disminuye su calidad de vida. “Cuando lo veía a mi vecino quedaba temblando por ataques de pánico, del miedo que me daba. Me sacaron el aceite y quedé con clonazepam, bupropion, pregabalina, ocho mil remedios. No podía moverme de los dolores. Volví al aceite que me proveyeron mis amigos y compañeros, que no dejaron que me falte aceite en todo el año”, nos explica.
Cuando el Estado decide sobre los cuerpos, el padecimiento de las personas es doble. En el cuerpo de Adriana conviven sus dolores y los dolores provocados por la falta de una ley que garantice sus derechos: “Yo quedé agarrada de la reja dentro del calabozo toda la noche sin dormir, con la presión en 18, taquicardia. No me morí de casualidad. Declaré en el juzgado en silla de ruedas, empastillada por el médico de Tribunales. El Estado te criminaliza y te mata”.
A horas de iniciarse las sesiones legislativas de este año, el reclamo de todos los usuarios y cultivadores es uno solo: que se trate de forma urgente una ley que ponga fin a la persecución. “Los legisladores saben muy bien de qué se trata todo esto, si la parte medicinal ya está comprobada, basta, que vayan contra el narcotráfico, no contra nosotros. No se puede esperar más”, sostiene Adriana. “La ley de drogas tiene que cambiar o cambiar, no puede haber ni un usuario ni un cultivador más detenido: no jueguen más con nosotros”.
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Foto: Adriana (der.) junto a su hija.