“Llegaron como a las 7 y media de la mañana, con la orden en la mano, así que les abrimos la puerta, los dejamos entrar. Nada más les pedimos que hicieran las cosas con respeto”, nos explica Hugo. La escena fue este martes en Malargüe, provincia de Mendoza, cuando la gendarmería entró en la casa de Hugo Magallanes, activista de la organización Mamá Cultiva Argentina, cultivador medicinal y solidario.
Los gendarmes dice Hugo “venían por las plantas, que no encontraron”. “En teoría están investigando desde junio del año pasado, pero yo planto a partir de diciembre, así que no sé. Tenía un poco de aceite, una cantidad mínima de flores y semillas de algunas cepas diferentes para distintos tipos de uso y padecimientos”, nos explica.
Además de su reconocido activismo por la regulación del cannabis medicinal y su cultivo, la familia de Hugo fue una de las primeras que buscó permiso para importar aceite de cannabis legalmente, intento que el Estado frustró al no darle respuesta. El inicio de este camino tiene un nombre: Calfü Cuyen, su pequeña hija que trata con extracto de cannabis una neuropatía severa.
“Tenía separadas las semillas de las cepas que usa Calfü, les pedí por favor que no las mezclaran, y al final no lo hicieron, pero uno me dijo “vos no recuperás más estas semillas”, detalla Hugo que le mostró a los gendarmes la historia clínica de su hija para que vieran que no estaba mintiendo.
La situación de Hugo, y de muchas familias y cultivadores en el país, se debe a que la ley 27.350, que avala y protege el uso de cannabis medicinal, no cuenta aún con un registro nacional de cultivadores que ampare a los pacientes y sus familias. Así, miles de personas que necesitan cannabis de forma urgente, enfrentan la amenaza latente de ser allanados, detenidos, encausados al igual que todos los cultivadores de la planta, con el agravante de que los usuarios medicinales son privados de inmediato de las plantas, flores y extractos de las que depende su salud.
Luego de ser detenido, Hugo fue liberado y se encuentra a la espera del desarrollo de la causa en la que por ahora se lo acusa de “infracción a la ley 23.737”. Pero la causa está en un escritorio judicial en San Rafael, a 200 km de su casa.
“Se portaron bastante bien”, dice Hugo cuando habla de la actitud de los uniformados que entraron a su casa. “Casi a la noche cuando ya estaban terminando vino la mamá de Calfü con ella y se les cayó la cara”, se acuerda. “Había uno que nos quería abrazar, no sabían qué decir. Me decían “que se mejore pronto la niña”.