Si quien mira la imagen es cultivador de cannabis o un usuario bien informado, sabe que de esos 24 plantines sólo algunos se volverían plantas hembra. Y de esas plantas, de haberlas dejado crecer, se cosecharían apenas las suficientes flores para sentir que el trabajo de seis meses, más los riesgos que esa tarea implica ante la ley, valió la pena.
Definitivamente los trofeos de este tipo, mostrados con frecuencia por las fuerzas de seguridad provinciales y federales, están muy lejos de ser un golpe al narcotráfico.
Para conseguir esta foto se movilizaron uniformados y civiles, patrulleros, testigos. A eso hay que sumar la intervención de la Justicia que supone como mínimo la apertura de un expediente. Todo eso implica, además de dinero, invertir tiempo y esfuerzo en el secuestro de un puñado de plantas sólo significativas para quien las estaba cultivando; una persona que tuvo que soportar la violencia de ser allanada, invadida; una persona que deberá enfrentar una causa penal.
Y esa causa seguirá generando gastos de presupuesto público, distracción de las fuerzas de seguridad supuestamente abocadas a combatir del narcotráfico en pericias y oficios inútiles, y sobre todo sólo aportará sufrimiento a alguien que, como miles de otros ciudadanas y ciudadanos de este país, prefieren cultivar su propia marihuana para evitar frecuentar y financiar el mercado negro.
Es una imagen que ejemplifica lo que los mismos organismos oficiales dicen en números: en Argentina el 50% de las causas iniciadas por “infracción a la ley de drogas” es por tenencia de drogas y autocultivo de cannabis. Es decir, la mitad de todo el trabajo que realiza la justicia federal para “combatir el narcotráfico” tiene como objetivo la criminalización de usuarios.
Esta foto, tomada en un allanamiento realizado el lunes por la policía de Entre Ríos en el barrio El Perejil de la ciudad de Paraná, es un monumento a la brutalidad de una ley que está a punto de cumplir 30 años de vergonzosa vigencia.