Carta a los legisladores y las legisladoras de la Nación:
La criminalización de los usuarios y cultivadores de cannabis en Argentina no para de crecer. Según el último informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad, se elaboran anualmente más de 11 mil causas penales por tenencia simple o para consumo personal. Sea para uso medicinal o cultural se criminaliza a más de una persona por hora. Esto sin sumar las estadísticas de las provincias donde, con la excusa de combatir el narcomenudeo, se está llevando adelante una verdadera cacería.
En la Ciudad de Buenos Aires, según informes de la Fiscalía Federal N°6 las cifras son escandalosas: en esa dependencia el 65% de todas las causas penales federales son por tenencia para consumo.
Pero detrás de estos números siempre hay personas, hay vidas y proyectos que el Estado decide destruir.
Conozcan a Alejandro Di Tullio: detenido hace algunas semanas por tener una planta que usa para tratar sus trastornos de pánico. Fue liberado después de pasar días imborrables en la cárcel de Devoto. Su pareja, producto del estrés al que se los sometió, perdió un embarazo.
Conozcan a Santiago Villar: preso desde hace 7 meses por cultivar una planta. Desde entonces no ve a su hijo. Mientras leen esto Santiago está en el penal de Florencio Varela.
Conozcan a Francisco Giovanoli: tiene epilepsia y cultiva para tratar las convulsiones, un uso reconocido por la ley de cannabis medicinal sancionada por unanimidad hace ya dos años. Ayer comenzó el juicio penal en su contra. Francisco puede recibir una condena de entre 4 a 15 años de prisión.
Toda esta barbarie es absolutamente legal. La norma que la ampara fue sancionada por el Congreso argentino hace 30 años. Algunos legisladores estuvieron presentes aquel 21 de septiembre de 1989 cuando la ley 23.737 fue aprobada. Desde entonces la tenencia como el cultivo de cannabis, sea para uso terapéutico o cultural está penada. Fue un gravísimo error que los miembros del parlamento tienen el deber impostergable de enmendar.
No es un pedido aislado. Año a año, miles de personas se movilizan hasta la puerta del edificio en que legislan para ser escuchadas. La Corte Suprema de Justicia hizo lo propio en 2009, cuando declaró inconstitucional la penalización e instó al Poder Legislativo a reformar de forma urgente la ley.
Pasaron 10 años y la ley de drogas sigue intacta. Mientras tanto, dado que los fallos de la Corte no son de cumplimiento obligatorio para los jueces y la policía, las fuerzas de seguridad federales y provinciales siguen deteniendo usuarios en la calle y, avalados por jueces y fiscales, allanan domicilios sin una sola prueba de comercio. Están activando la violencia estatal por una foto, o una denuncia anónima, o un enojo entre vecinos. A veces sólo para mejorar estadísticas.
Bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico desplegada por el Ministerio de Seguridad de La Nación, el cultivo de cannabis hogareño y sin fines comerciales se transformó en la obsesión de quienes comandan una estrategia. Sin embargo, la experiencia de países de esta y otras regiones muestra lo salvaje e inútil de este tipo de políticas y evidencia que el autocultivo es la única forma de democratizar y universalizar el acceso al cannabis. Sin autocultivo se obliga a las personas a recurrir al mercado negro, se las expone a la violencia y la falta de condiciones sanitarias del circuito ilegal. Y, en el caso de los usuarios medicinales, se les restringe un derecho otorgado por este mismo parlamento: el de hacer uso de una planta que mejora la calidad de vida.
Hoy se inaugura un nuevo año de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Hoy mismo se abre la oportunidad de hacer lo que es necesario y no fue hecho. La ley de drogas es una monstruosidad jurídica que viola, incluso, el principio de inocencia. Es una herramienta que garantiza la injusticia, institucionaliza la violencia y vulnera derechos elementales. Regular el acceso al cannabis garantizando el autocultivo es una enorme deuda de la democracia. Su responsabilidad es saldarla.
Revista THC
Buenos Aires, 1 de marzo de 2019.