La Defensoría del pueblo Bonaerense presentó un amparo colectivo para que la justicia ordene al Estado proveer aceite medicinal de cannabis a toda persona que posea una certificación médica para utilizarla. De aprobarse, esto obligaría al Ministerio de Salud y Desarrollo de la provincia a implementar la reglamentación sancionada con la ley 27.350.
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A dos años de la sanción de la primera ley de cannabis medicinal argentina, aún no existen certezas sobre el acceso de los pacientes al tratamiento, salvo casos aislados de amparos y medidas cautelares que obligar a obras sociales a cubrir los costos de dichos tratamientos. Además, todavía no existe ninguna forma de aplicación al Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, que debe proveer estos productos en forma gratuita a los inscriptos.
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En ese contexto, las personas siguen cultivando su medicina sin ninguna garantía de no ser allanadas.
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El documento también critica la falta de producción nacional de cannabis por parte de las instituciones agrupadas en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, INTA o Conicet.
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