Caterina Michelle Solis, una chica de 22 años, fue detenida en Rosario por tener dos plantas de cannabis en su casa. Luego de ser judicializada y privada de su libertad, cumple arresto domiciliario.
La detención ocurrió en medio de un allanamiento masivo en la ciudad santafesina el pasado 3 de octubre. La delegación local de la Policía Federal Argentina arrestó a 11 personas en un operativo en un barrio al oeste de Rosario, en las cercanías de la casa de Caterina.
Un caso que muestra la importancia de buscar una regulación integral del cannabis que marque límites claros entre las organizaciones criminales y las personas que simplemente cultivan su propia marihuana.
Allanamiento al boleo
Pese a que la orden de allanamiento del Juzgado Federal de Rosario permitía a las fuerzas de seguridad entrar solo en “una vivienda”, los familiares de Caterina aseguran que ingresaron a las cuatro de la tarde a la casa de la joven, una propiedad diferente a la que aparece en el documento judicial.
En esa casa, Caterina vive con sus dos hijos, la policía encontró dos plantas chicas para uso personal. Las plantas fueron incautadas y la joven fue detenida y judicializada.
Caterina fue allanada en el marco de un operativo masivo contra la venta ilegal de drogas, sus dos plantas alcanzaron para considerarla parte de una red criminal
La propia policía celebró el resultado del operativo como un éxito en la lucha contra el narcotráfico. En un comunicado, la fuerza de seguridad informó de que en 12 allanamientos ese mismo día se habían secuestrado teléfonos celulares, material de almacenamiento digital, dinero en efectivo y plantas de cannabis sativa, marihuana y cocaína.
El día que la arrestaron, la familia de Caterina temió que se la relacionara con el resto de los detenidos y se la imputara junto a todos, solo por proximidad a los hechos. Y así fue.
En los últimos días fue liberada bajo prisión domiciliaria, pero continúa involucrada en la causa por comercialización de drogas con los otros 10 arrestados.
Causa abierta, puerta cerrada
Los cargos específicos que se le imputan a Caterina aún se desconocen y su caso se encuentra a cargo de la defensoría pública.
Además la asistió el equipo legal de Mujeres tras las rejas, una ONG que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres en la cárcel de Rosario y que reportó por primera vez el caso de Caterina.
El operativo estaba pensado para combatir al narcotráfico en Rosario, una ciudad con un crecimiento de los delitos vinculados a la venta de sustancias ilegales.
Las plantas de Caterina, fueron el justificativo para que la policía que intervino interpretara que había que darle el mismo trato que a los supuestos traficantes.
De hecho, la orden de allanamiento especificaba que se ingresara en la vivienda “con la única finalidad de verificar la existencia de elementos vinculados” a la comercialización de drogas, y enlista: “objetos y sustancias utilizados para fraccionar drogas, balanzas, anotaciones, etc” o que constituyan delitos reprimidos en la ley 23.737, y en su caso, secuestrarlos”.
Las plantas de Caterina, fueron el justificativo para que la policía interpretara que había que darle el mismo trato que a los supuestos traficantes.
“La actual ley está afectando principalmente a jóvenes vulnerables privándolos de sus derechos y sometiéndolos al castigo penal solo por cultivar para consumo personal”, publicó la Asociación Pensamiento Penal, quien dio a conocer el caso.
Caterina consiguió la prisión domiciliaria tras la presión ejercida por las organizaciones locales. Ahora, espera que la Justicia revise la actuación de las fuerzas de seguridad y la separe de la causa donde se la acusa.
Informe: Georgina Zerega