Javier Quevedo
“No más presos por plantar”. Esa es la consigna con la que mañana parte del activismo cannábico se reunirá frente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en La Plata para pedir un freno a las detenciones de cultivadores en la provincia y su libertad y amnistía. La cita será a las 12 horas.
“En los últimos meses hemos tenido una gran cantidad de compañeros y compañeros allanadas, violentadas por plantar cannabis”, remarcó Ana Daneri, integrante del Frente de Agrupaciones Cannábicas Bonaerenses, en conversación con THC.
Los números no cierran
Hasta ahora, nada parece revertir la permanente criminalización de usuarios y cultivadores en todo el país. La provincia más poblada, no es la excepción.
«Fracasado», «insostenible», «ineficaz». Estas son las palabras elegidas por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires para calificar las políticas de drogas en territorio bonaerense, tal como consta en un documento de mediados de 2020.
En la justicia penal se produjo una saturación, aseguran los magistrados. Y según los datos que analizaron, del total de las causas penales inciadas en la provincia «más de un 65 % resultó por delitos de microtráfico de estupefacientes, y más del 33% estaba referida a simples tenencias o tenencias para consumo personal».
Además de los enormes costos humanos que genera, la prohibición está ayudando a quebrar la economía de la provincia de Buenos Aires. Eso afirma el trabajo que realizó a principios de 2020 un equipo de funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial.
Según los funcionarios, en diciembre de 2019, había un total de 5mil personas detenidas por infracción a ley de drogas, es decir un 10% de las personas privadas de libertad.
Además de empeorar la situación crítica de los penales, el informe mostró que, entre 2005 y 2019, el costo penitenciario ha sido de casi 29 mil millones de pesos.
Los números son personas
Detrás de las estadísticas hay historias de personas que por el simple hecho de cultivar cannabis son obligadas a vivir una pesadilla.
Una de estas historias se hizo conocida el primero de diciembre. Quien la viralizó fue el propio ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, a través de un video en Twitter.
«Atrapamos a un delincuente que tenía un enorme indoor para cultivar marihuana y venderla. Se hacía pasar por influencer del autocultivo pero no logró engañarnos», aseguraba el ministro.
El video comienzaba diciendo «detuvimos a cara de cannabis». Y luego aclaraba «un instagramer que se hacía el autocultivador, pero que plantaba para vender».
Pero «Cara de cannabis» tiene un nombre: se llama Daniel Martín Tornello. Tiene 52 años y cultiva para él y su esposa con epilepsia refractaria. A raíz de ese allanamiento se le inició una causa que puede terminar en una condena de hasta 15 años de prisión.
Una vez que una persona es empujada al sistema penal, salir puede llevar años. No importa si se trata de alguien completamente inocente.
Un ejemplo es el de Sergio “Pidu” Mauceri y su compañera Milena Kenf, una pareja de cultivadores que fue allanada por la policía bonaerense en la localidad de Pigüé. Fue en julio de 2019.
Sergio es un conocido activista por los derechos de los usuarios y cultivadores de cannabis y es miembro de la Asociación Civil Cannabis Terapéutico Pigüé.
Días atrás Pidu contó como él y Milena siguen atrapados en un laberinto.“Estamos en situación de proceso, con una causa en un juzgado federal hace un año y medio, nos tiene limitados en todas las formas, no solo en el progreso del ámbito cannábico sino también a nivel del desarrollo personal, nos perjudica anímica y psicológicamente”, le contó a Diputados Bonaerenses.
Marche un cambio
Este es el contexto en el que mañana a las 12, varias organizaciones cannábicas se reunirán en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Se trata de una política añosa. La ley nacional de drogas (23.737), sancionada en 1989, surge de un viejo paradigma que sostiene que quienes usan sustancias psicoactivas son parte del mercado ilegal y, por ende, deben ser tratadas como parte del crimen organizado. Se trata de un paradigma que en Argentina se instaló antes del regreso a la democracia.
A pesar del fallo Arriola (en 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que es “inconstitucional” criminalizar a una persona por tenencia para consumo personal) y la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, cuya nueva reglamentación busca garantizar el cultivo personal, solidario y colectivo, día a día aparecen nuevas detenciones por conductas asociadas al consumo, tenencia y autocultivo.
“Todos los que fueron allanados en estos últimos meses, cultivaban para uso terapéutico y aún hoy están presas”, advierte Daneri.
Si bien la puesta en funcionamiento de Registro Nacional protegería finalmente de la ley penal a quienes se anoten en él, la ley nacional de drogas continúa penando incluso la tenencia de una semilla. Por esa razón, usuarios y cultivadores que no hagan un uso medicinal, seguirán expuestos.
Por otra parte, el proyecto presentado por el ejecutivo provincial para crear la Agencia Provincial del Cannabis (APC) busca mejorar los estándares legales vinculados al cannabis medicinal, pero no podría resolver este tema de fondo: la regulación del cannabis, un tema que está fuera del alcance de las provincias.
La provincia puede desarrollar criterios propios siempre que no entren en colisión con la ley nacional. En ese sentido, de avanzar el plan de la APC implicaría un cambio que, de momento, necesariamente se limitaría al marco general que establece de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal.
Es decir, hasta que el Congreso de la Nación no vote una regulación integral del cannabis o bien no reforme la actual ley de drogas, las detenciones y la criminalización de usuarios, usuarias y cultidavores serán parte central de la realidad legal argentina.
Ese es el escenario que lleva a las organizaciones cannábicas a la sede del ejecutivo provincial. Una vez allí presentarán un pedido de audiencia con el gobernador Axel Kicillof.
“Tenemos la necesidad de hacer visible esta problemática para que todo el mundo sepa lo que está pasando con los cultivadores y le pedimos al gobernador que interceda en esto”, resaltó la activista.
“Es necesario que las agrupaciones formemos parte de las mesas de trabajo sobre la temática. Somos quienes trabajamos en el territorio, conocemos las necesidades y las urgencias”, sostuvo Daneri pensando en el futuro inmediato.
Informe: Anuar Peche