Hasta hace poco tiempo, en Argentina no había lugar a dudas: tener y plantar cannabis en cualquiera de sus formas era un delito. Reconocerse como usuario o usuaria fuera de un círculo de extrema confianza era un pasaje sin retorno a la estigmatización. Y el cultivo era una experiencia cotidiana de la que podíamos hablar con muy pocas personas.
Poco a poco fuimos cambiando esa realidad asfixiante. Empezamos a cultivar cada vez más y a reconocer con orgullo la importancia del cannabis en nuestras elecciones de vida.
En ese largo camino, el principal obstáculo fue la mirada de acero del Estado. Con la Ley de Drogas como estandarte, desde hace décadas se promueve la persecución a las personas que usamos y cultivamos cannabis.
Pero mientras esa violencia se mantiene inalterada, van tendiéndose lazos, que partieron de pequeños intercambios de información hasta llegar a construir una verdadera red comunitaria.
Desde hace décadas se promueve la persecución a las personas que usamos y cultivamos cannabis. Pero también se construyó una red comunitaria y así hicimos que la prohibición fuera perdiendo su insoportable densidad
Compartimos experiencias y dudas, también semillas y esquejes. Nos ayudamos y así hicimos que la prohibición fuera perdiendo día a día su insoportable densidad.
En ese proceso llegó el momento en que el Estado tuvo que iniciar un proceso de reconocimiento. Lento, pero progresivo.
Más allá de la existencia de algunos fallos judiciales claves, el primer gran paso fue en 2017 con la sanción de la Ley de Cannabis Medicinal, que reconoció el valor terapéutico de la planta. Tuvo un condicionante: no garantizó el autocultivo en las instancias reglamentarias.
Pero el proceso social estaba maduro y logró hace pocos meses el Estado diseñara una nueva reglamentación que reconoce la realidad: miles de personas cultivan su propio cannabis para tratar su salud, o alguien lo hace por ellas, o bien lo hacen de manera comunitaria. Ahora ese derecho debe garantizarse sin demoras.
El caso del cultivador Daniel Torello mostró que no hay tiempo que perder. Daniel cultiva para tratar la epilepsia refractaria de su esposa. Ni bien conoció que existía la nueva reglamentación, buscó el modo de inscribirse, pero a falta de una herramienta formal definida, mantuvo su cultivo como siempre: en la clandestinidad.
Daniel finalmente fue allanado e imputado, con un condimento especial: apareció en un video publicado por el Ministro de Seguridad bonerense, Sergio Berni, en el que se lo presenta como un traficante bautizado “Cara de Cannabis”.
Si no se avanza en una regulación integral del cannabis miles de personas seguirán a la intemperie. Es una de las grandes deudas que la democracia debe saldar. 2021 podría ser un año clave en ese sentido
Lo cierto es que, más allá del absurdo, Daniel sigue detenido y enfrenta una causa que puede dejarlo en un calabozo por los próximos 15 años.
Su caso está lejos de ser una excepción: se trata de una regla que se sostiene y multiplica. A su vez enciende varias alarmas. Por un lado, muestra la importancia de avanzar velozmente en la implementación del registro que permitirá a usuarios y usuarias medicinales cultivar al amparo de la ley.
Por otro, deja en claro que si no se avanza en una regulación integral quienes no usan ni plantan con fines medicinales seguirán a la intemperie.
Es una de las grandes deudas que la democracia argentina deberá saldar lo antes posible. 2021 podría ser un año clave en ese sentido.
La Historia es compleja, siempre. Casi nunca se da como la imaginamos. Es dinámica y profundamente contradictoria. El capítulo destinado al cannabis no va a ser diferente.
La particularidad es que, esta vez, nos tiene como protagonistas.
Por Martín Armada