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A medida que avanzan las regulaciones, surge una pregunta clave: cómo ayudar a las personas que más sufrieron por la prohibición del cannabis.
Con el nacimiento de los mercados regulados y una industria cannábica multimillonaria, surgió también la responsabilidad de reparar, al menos económicamente, una parte del daño provocado por la prohibición. Así nacieron los programas de inclusión social en la industria de la marihuana legal.
El pretexto de la “guerra contra las drogas” fue usado históricamente para reprimir y judicializar sistemáticamente a miembros de minorías y disidencias.
Ya funcionan programas destinado a las personas que hayan experimentado la pérdida de oportunidades laborales por poseer antecedentes penales relacionados al cannabis
El resultado es el de millones de personas encarceladas en todo el mundo. Sin embargo, el drama para esas personas no termina cuando terminan las condenas, sino que ahí se renueva: cómo volver a tener trabajo y recuperar sus medios de subsistencia.
Programas de ayuda
La mayoría de los programas están destinados no solo a minorías sino también a personas de bajos recursos y aquellos que hayan experimentado la pérdida de oportunidades laborales por poseer antecedentes penales relacionados al cannabis.
Los ejemplos más antiguos se encuentran en las ciudades californianas de Oakland y Los Angeles, implementados en 2018. Entre las medidas adoptadas, se incluyen fondos de subsidios para pequeñas empresas o individuos que quieran acceder a una licencia para producción o venta de cannabis.
En el estado norteamericano de Michigan modificaron los sistemas de licencias para permitir “microempresas” y alivianar la competencia con las grandes productoras.
En el estado de Michigan, la agencia reguladora del cannabis propuso implementar un plan de impuestos a la marihuana cuya recaudación sería utilizada para impulsar la participación de minorías en la industria.
Además modificaron los sistemas de licencias para permitir “microempresas” y alivianar la competencia con las grandes productoras.
Todavía en pleno desarrollo y prueba y error, los programas de inclusión social también levantaron bastantes críticas, especialmente por algunos requisitos que se alejan de la idea de incluir personas de bajos recursos.
Por ejemplo en el caso de la ciudad de Los Angeles, los aplicantes deben contar con un espacio físico disponible para desarrollar la actividad para la que van a solicitar una licencia, lo que encarece enormemente los costos por las demoras en el procesamiento de las solicitudes.
En paralelo a estos programas, en estados como norteamericanos impulsan llevar adelante indultos para que las personas detenidas por las viejas “ofensas menores” puedan salir de prisión y retomar sus vidas.
De hecho, el en marco de la regulación del cannabis en México, se prevee avanzar con leyes que busquen sacar de la cárcel a miles de personas.
Desde el oficialismo mexicano, algunos legisladores buscan iniciar un proceso deamnistía general para las personas que hoy cumplen una condena por una posesión menor a 28 gramos.
“La idea es que se liberen a 18 mil presos. Es una iniciativa que saldrá desde el Congreso”, adelantó a THC el diputado oficialista Javier Hidalgo sobre una ley que se emitirá una vez que la regulación del cannabis sea un hecho.