Nelson Vergara Orellana
Fundación Daya marcó un antes y un después en Chile: protegen a los usuarios de ser criminalizados y estigmatizados, además de facilitarles el acceso a terapias con cannabis.
El objetivo principal de una de las Ong más reconocidas en la región es que las personas logren una mejor calidad de vida a través de la planta de cannabis.
En 2013 comenzaron este proyecto que lidera la presidenta de la fundación, la actriz y activista Ana María Gazmuri. “Daya en sánscrito, antigua lengua sagrada de la India, significa ‘amor compasivo’ o ‘compasión’, y es eso lo que representa la fundación”, explica.
En Chile se calcula que hay alrededor de 4.800.000 usuarios de cannabis. De ellos, sólo 1.900.000 son medicinales.
La ONG brinda educación sobre el uso medicinal del cannabis, orienta a los pacientes en sus tratamientos, capacita en autocultivo y preparados artesanales.
“También nos propusimos impulsar una industria nacional para el desarrollo de productos, logrando el primer permiso legal de cultivo con fines medicinales de Latinoamérica en el 2014”, dice Gazmuri.
Chile hoy
“Hay un recrudecimiento inexplicable de la persecución de pacientes que ejercen su derecho al autocultivo, lo que nos tiene totalmente abocados a acompañar procesos judiciales, junto a la Defensoría Penal Pública, ante las graves vulneraciones de derechos humanos que estas acciones están generando”, explica Gazmuri.
En la actualidad existen varias realidades. Por una parte, hay siete cultivos de cannabis a mediana escala llevados adelante por empresas y autorizados por el Estado. En paralelo, varias empresas comenzaron a importar fitofármacos y extractos en base a cannabis.
Fundación Daya es la ONG que no sólo asesora a usuarios en el cultivo de cannabis: también impulsó cultivos comunitarios y busca que se garantice normas claras para frenar con allanamientos y detenciones
También existen cultivos colectivos, que son alrededor de 100 y no requieren una autorización ya que están previstos en la legislación actual. Otra es la situación de quienes realizan sus propios cultivos y desarrollan preparados de forma casera: para esas personas sólo hay persecución penal.
La ley 20.000 de drogas penaliza el cultivo y la tenencia de cannabis, excepto cuando está destinado para un uso personal y próximo en el tiempo, o para un tratamiento médico. “Esa excepción nunca se había tomado en cuenta hasta que, en el 2015, la Corte Suprema comenzó a fallar a favor de los usuarios personales de cannabis, considerando el cultivo como un acto lícito cuando es para el uso personal”, explica.
Además, hace poco, los Tribunales Orales en lo Penal y la Corte fallaron a favor de los cultivos colectivos. Desde la Justicia se impulsó las absoluciones de usuarios medicinales y personales.
Sin embargo, pese a todas estas herramientas legales y ante la falta de una regulación clara, las fiscalías van detrás de usuarios, usuarias y cultivadores.
La criminalización como norma
Para la activista, el esfuerzo del Estado para detener y llevar ante la Justicia a los usuarios que cultivan responde a “viejos paradigmas de temor y control que se derrumban ante una ciudadanía despierta, consciente e informada”.
Sin embargo, la intención de mantener esa vieja visión, por parte de quienes detentan el poder, hace que usen “el amedrentamiento”.
La ley de drogas chilena penaliza el cultivo y la tenencia de cannabis, excepto cuando está destinado para un uso personal o para un tratamiento médico. Sin embargo, la falta de una regulación clara habilita allanamientos y detenciones
“Sorprende el ensañamiento de la Fiscalía, la violencia de los procedimientos policiales y la negación del Estado de derecho”, aclara Gazmuri.
Y agrega: “Esto se torna particularmente delicado en el contexto represivo que en Chile estamos viviendo, donde campea la violación de DDHH y la impunidad”.
La garantía de los usuarios de cannabis de poder ejercer sus derechos pende de un hilo. Ante esa desprotección estatal, Fundación Daya los acompaña y batalla junto a ellos.
“Es inconcebible que deba resolverse en los Tribunales si un cultivo personal para fines medicinales está efectivamente destinado a ese fin y es por lo tanto lícito, sin existir antecedente alguno de tráfico, más allá de la mera existencia de las plantas”, explica.
Y destaca: “Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Esto vulnera el principio de inocencia”.
Según cifras del Ministerio del Interior, el 70% de los detenidos por la ley 20.000 son usuarios personales, solo un 30% están vinculadas al tráfico. Esto implica altos niveles de criminalización y una pérdida económica absurda para el Estado que, finalmente, no combate al narcotráfico.
Un cambio urgente, pero parcial
No solo la Justicia falla a favor de los usuarios que cultivan y consumen al sobreseerlos, si no también y por primera vez en su historia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) presentó una querella criminal en contra de quienes sean responsables (como autores, cómplices o encubridores) por el delito de abusos contra usuarios de cannabis medicinal.
La decisión del INDH surgió por el caso de Rosa Salazar, en la ciudad de Chillán. Ella es paciente de Fundación Daya y tenía uso prescrito de cannabis cuando fue allanada por la policía. En el momento de ser detenida estaba junto a su hija discapacitada, también usuaria medicinal de cannabis.
“La propuesta de una ley de Cultivo Seguro surge frente a la urgencia por proteger a los usuarios medicinales”, detalla Ana María Gazmuri quien al mismo tiempo destacada que la desprotección del resto de los usuarios es total
De a poco, los cambios en Chile llegan de la mano de más conciencia e información para la sociedad sobre el uso de la planta. La Fundación Daya tiene un rol fundamental en esta lucha. Con su proyecto de Cultivo Seguro buscan ayudar a los usuarios medicinales que cultivan.
“La propuesta surge frente a la urgencia por proteger a los usuarios medicinales del riesgo existente de ser víctimas de una inadecuada interpretación de la ley 20.000”, detalla Gazmuri.
Por otra parte, en Chile se calcula que hay alrededor de 4.800.000 usuarios de cannabis. De ellos, sólo 1.900.000 son medicinales.
Esa es la razón por la que Gazmuri y la Fundación Daya sostienen que toda legislación que no contemple a las personas que usan cannabis sin fines medicinales, va a dejar a millones desprotegidas.
En cuanto a la ley de Cultivo Seguro, sería una suerte de excepción a la ley de drogas chilena. Indicaría que la prescripción médica sirva como acreditación suficiente del uso medicinal evitando así las detenciones y la incautación de las plantas, flores, aceites y kits de cultivo.