Policía Bonaerense
Poco a poco el mundo avanza hacia la legalización del cannabis. En ese proceso hay múltiples procesos y situaciones que cambian de país en país.
Pero hay una constante que se repite: la prohibición siempre castiga más a las personas pobres. Todas las regulaciones avanzan con esa realidad sobre sus espaldas.
Las evidencias son contundentes. Tanto que interpretar el pedido de una regulación del cannabis como una excentricidad de clases medias y altas implica una negación de los daños profundos que genera la prohibición en todo el mundo.
En el caso de países como Estados Unidos, la discriminación es claramente racial y apunta principalmente a los afrodescendientes.
En Argentina, el foco de la represión a usuarios y cultivadores de cannabis está puesto en las personas con menos recursos económicos.
Si es afro, es culpable
El último caso de violencia policial contra la comunidad afrodescendiente sucedió en el estado sureño de Texas. Allí, Marvin Scott (26) fue detenido en marzo por la posesión de dos onzas (56 gramos) de marihuana y que utilizaba para tratar la esquizofrenia.
Según declaró su familia, él estaba sufriendo un brote cuando siete agentes policiales lo detuvieron. Luego, lo inmovilizaron en una cama donde le rociaron gas pimienta en el rostro y le taparon la cabeza con una bolsa de plástico. Scott murió a los días por las torturas y efectivos fueron despedidos.
Si bien los familiares del joven asesinado comenzaron acciones legales contra Texas, la violencia racial por el uso de cannabis es moneda corriente.
Según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles, los afrodescendientes de Texas tienen hasta 3,64 más de probabilidades de ser arrestados por posesión de cannabis que los blancos.
En Estados Unidos, donde 16 estados legalizaron el cannabis, Texas muestra números alarmantes: un afrodescendiene tiene casi 4 veces más posibilidades de ser detenido que un blanco
Pero la discriminación racial no se limita al sur del país, sino que atraviesa a todos los Estados Unidos. Hace dos semanas consecutivas que la ciudad de Minneapolis, en Minnesota -ubicado al norte-, se encuentra prácticamente sitiada por los enfrentamientos contra la policía, luego que mataran a un joven afrodescendiente de 20 años.
Según la comisaría de Brooklyn Center, el hecho ocurrió porque la agente quería utilizar una pistola eléctrica para inmovilizar a Daunte Wright, pero se confundió y le disparó con una bala de fuego en el pecho.
Para tomar dimensión del malestar en Minneapolis, cabe recordar que en esta misma ciudad sucedió el asesinato de George Floyd por parte de la policía y que esta semana concluyó en un juicio histórico que condenó al culpable.
La brutal desigualdad de la política penal, hizo que algunos estados donde el cannabis es legal se consideren políticas de reparación: desde ayuda económica y facilidades para darles a las personas un lugar en la nueva industria legal, hasta proyectos de indultos masivos.
El caso argentino
La situación en Argentina no difiere demasiado. Si bien existe una comunidad afroargentina que es hostigada por la policía, según denuncian constantemente las organizaciones de derechos humanos que los agrupan, los principales perseguidos por el uso de cannabis son los sectores de las clases más bajas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Luciano Arruga, quien murió a los 16 años luego del hostigamiento policial. El joven estuvo desaparecido por siete años, hasta que fue identificado como NN en el Cementerio de la Chacarita.
Según la causa judicial, Arruga murió al ser atropellado por un auto. Pero sus familiares explicaron que él se escapaba de la policía que lo hostigaba para que robara para ellos y a lo que Arruga se negaba. La persecusión al joven comenzó luego que la policía lo detuviera por poseer marihuana.
“La ley de drogas es una herramienta más del control social de los sectores más populares y que utilizan las fuerzas de seguridad en la vía pública”, explica la antropóloga Florencia Corbelle quien estudia las causas judiciales a cultivadores y usuarios de cannabis en Argentina.
“Las normas se utilizan como una amenaza y el prohibicionismo lo hace posible”, asegura.
Según los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la actualidad hay 96.108 personas presas, de las cuales 14.636 estan aprehendidas por infracción a la ley de drogas.
Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 15% de población carcelaria argentina está constituida por personas que tenían una sustancia ilegal. La mayoría esperan presos la resolución de sus causas.
Es decir que el 15% de población carcelaria se encuentra allí por el uso de alguna sustancia porque los datos no están discriminados. “En relación a la mayor cantidad de usuarios de cannabis, frente a otras, podemos pensar que la mayoría son usuarios de cannabis”, explica Corbelle.
Uno de los datos que más grafican el atropello del prohibicionismo es que la mayoría de las personas por infracción a la ley de drogas no tienen una condena firme.
En cuánto a los hombres, solamente hay 4.862 presos con condena, mientras que 7.975 esperan su juicio en la cárcel.
El caso de las mujeres es aún más escalofriante. De las 4.313 presas que hay en la actualidad, 1.999 están en la cárcel por infracción a la ley de drogas. Solamente tienen condena firme unas 704, mientras que el resto solo están procesadas.
Por otro lado, la comunidad trans es la más afectada en términos porcentuales. De las 113 que están presas, 60 se debe por la infracción a la ley de drogas. Se trata de más de la mitad de ellas. Solo hay 29 que están condenadas, mientras que 31 esperan el juicio en prisión.
“Las personas que tienen una mala posición económica no tienen la situación más conveniente para una resolución judicial. Básicamente, porque no pueden presentar una buena defensa al no tener el dinero para un abogado”, dice Corbelle sobre las torres de expedientes que suelen llegarle a los defensores públicos.
“Si se trata de una persona que estudia o trabaja, se lo considera un usuario poco problemático, pero si no tiene estudios o no trabaja es un traficante”, sostiene la antropóloga argentina Florencia Corbelle.
Además, la antrópologa explica que los operadores judiciales reproducen estereotipos. “Si se trata de una persona que estudia o trabaja, se lo considera un usuario poco problemático”, dice Corbelle. “Ahora, si no tiene estudios o no trabaja es un traficante”, sostiene.
Por otro lado, Corbelle asegura que los datos públicos “tienen un sesgo”. La antrópologa explica que “la ley de drogas es una herramienta que usa la policía para detener personas en la vía pública para ver si tienen o no sustancias”.
Y profundiza: “Lo que sucede es que esas personas detenidas no ingresan al sistema judicial y no quedan registradas. Pero sí se producen de forma constante a jóvenes de sectores populares, estén consumiendo o no”.
A pesar de los avances relacionados al uso y cultivo de cannabis medicinal, el temor de los usuarios y usuarias a la persecusión policial sigue latente. Los allanamientos y detenciones continúan.
Al igual que en Estados Unidos, donde la legalización ya pisa firma en 16 estados, donde se generan y recaudan millones de dólares por el comercio regulado de cannabis.
“Esto continuará pasando hasta que no se modifique las leyes de drogas”, cierra Corbelle.