@garcialarraburu
Todo indica que mañana el Senado argentino comenzará a debatir el proyecto que busca crear un marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y para el cáñamo industrial.
El contexto tiene sus complicaciones. La ley de cannabis medicinal sancionada en 2017 abrió una brecha hacia la legalidad para los usuarios y usuarias de cannabis medicinal.
La ley 27.350 reconoció las propiedades medicinales del cannabis. Sin embargo, la reglamentación no habilitó lo esencial: que las personas puedas tener su cannabis.
La única manera de obtener cannabis legalmente era mediante la importación, a través un complejo trámite en la Anmat. En paralelo, comenzaron a desarrollarse algunos proyectos de producción restringidos a la investigación y el autocultivo se mantuvo en la ilegalidad.
A finales del año pasado, luego del trabajo incansable de las organizaciones civiles, el gobierno nacional reconoció el derecho al cultivo personal, solidario y colectivo de cannabis con fines medicinales a partir de una nueva reglamentación.
Desde marzo de este año, las personas pueden inscribirse en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para cultivar protegidas de allanamientos y para poder trasladar cannabis dentro del país.
A partir del proyecto que se tratará en la Cámara Alta a partir de mañana, el objetivo del gobierno nacional con apoyo amplio de las provincias, es crear las condiciones para que la producción de cannabis con fines medicinales también se haga a mediana y gran escala.
Todo se produce en un contexto donde el cannabis y su cultivo continúa siendo ilegal cuando no sea para uso medicinal y registrado. De hecho, en Argentina se abren un mínimo de dos causas por cultivo al día.
Para entender los cambios efectivos que generaría la nueva ley en un escenario lleno de dudas, hablamos con la senadora Silvina García Larraburu.
García Larraburu es senadora del Frente de Todos por la provincia de Río Negro y, en 2017 durante el debate de la ley medicinal, fue una de las legisladoras que desde su banca subrayó la importancia de garantizar el derecho al autocultivo.
A horas de comenzar un debate clave, conversamos sobre las posibilidades para los pequeños y medianos productores y la industria a escala nacional, pero también sobre el porvenir y la importancia de avanzar en una regulación integral que ponga fin a la persecución de usuarios, usuarias y cultivadores de cannabis en todo el país.
¿Cuáles son, en su opinión, los aspectos más destacables del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo?
En primer lugar, que estemos dando este debate. Luego de años de oscurantismo respecto a la planta, en 2017 gracias a la militancia de muchísimas organizaciones se aprobó la Ley de Cannabis Medicinal. Ahora damos un paso más y la Ley presentada por el Poder Ejecutivo dialoga y se complementa con la de Cannabis Medicinal. En primer lugar, porque se estará posibilitando el suministro de los derivados del cannabis a todas las personas que por diferentes motivos no pueden ser autocultivadores. Recordemos que el gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley 27.350, habilitando el autocultivo y el cultivo solidario. Ahora vamos por la industrialización. Actualmente el único producto aprobado por la ANMAT es de un laboratorio Argentino que importa un insumo desde Suiza y comercializa en farmacias a valores realmente inaccesibles para los pacientes argentinos. Esta Ley viene a saldar esa deuda con los pacientes y usuarios; al mismo tiempo que permitirá diversificar nuestra matriz productiva. Ahora, desde un anclaje basado en la Salud Pública, estamos creando y regulando un nuevo mercado.
Respecto a este último punto, ¿cuál es concretamente el escenario que generará la nueva ley?
La Ley brinda un conjunto de herramientas y disposiciones que permitirán diversificar nuestra matriz productiva, incorporar valor agregado en origen, generar trabajo calificado y de calidad; lo cual redundará en la dinamización de nuestras economías regionales y la generación genuina de divisas. Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, se prevé la creación de 10 mil nuevos puestos de trabajo en tres años, en distintos puntos del país. No podemos perder de vista que Argentina tiene ventajas comparativas para convertirse en un líder regional y global. Estamos ante una enorme oportunidad para el desarrollo de los pequeños productores de las provincias.
“Argentina tiene ventajas comparativas para convertirse en un líder regional y global. Estamos ante una enorme oportunidad para el desarrollo de los pequeños productores de las provincias”
Usted es representante por Río Negro, ¿qué cambios implicaría, por ejemplo, en su provincia?
Si analizamos las capacidades de la provincia en su conjunto, Río Negro tiene todo para resolver el cultivo e industrialización de la planta. La ley permitirá un reflorecimiento productivo en la Comarca Andina, luego del duro golpe que padecimos con los incendios. Y también abre enormes posibilidades para el Valle rionegrino. El año pasado Río Negro realizó exportaciones por 376 millones de dólares, y la pera y la manzana explicaron el 77%. Lo que necesitamos, es diversificar nuestra matriz productiva. Creo que nuestra tarea consistirá en aceitar el vínculo entre los productores, la Universidad Nacional de Río Negro, la del Comahue, las instituciones del Sistema Científico Nacional radicadas en el territorio, y por supuesto, nuestra joya: INVAP. Por otra parte, estoy segura que el cáñamo puede convertirse en un insumo clave, y así contribuir en la reducción de la huella de carbono.
Argentina se sumaría a un fenómeno que ya tiene amplio desarrollo en otros países como Estados Unidos y, en la región, Colombia y Uruguay, ¿qué evaluación hacen de ese escenario?
Sin duda estamos frente a un momento crucial para la regulación del cannabis en todo el mundo. Pudimos observar cómo las distintas legislaciones en diferentes países están abriendo nuevos mercados y paradigmas relacionados a la planta. También vimos fluctuar constantemente los valores a los que se comercializa el gramo y la tonelada de cannabis según su composición de cannabinoides y sus finalidades. La experiencia internacional nos enseñó los procesos adecuados y las trazabilidades que debemos seguir para estar dentro de los más altos estándares de calidad. Sin ir más lejos, el mercado uruguayo desde su creación comenzó a mejorar la calidad de sus cultivos para cumplir con normas similares al GMP que existe en Europa y así poder comenzar a exportar sus productos a esos mercados.
¿Cree que Argentina podría ocupar un lugar en ese tablero?
Hoy la Argentina con todo su potencial agroexportador y sus maravillosas condiciones climáticas y de suelo, podría ser -sin duda- líder en los mercados mundiales. Por eso, debemos darnos prisa. Pensemos que cuando las grandes potencias, como los Estados Unidos, regulen federalmente el cannabis, tal como propuso el actual Presidente Biden, se producirá una gran revolución en el mercado. Las grandes empresas que se han fortalecido dentro de estados, como Colorado y California, saldrán a exportar y competir con nuestros productos, pero con mucha más experiencia y capacidad instalada, supliendo así gran parte de la demanda y fijando los valores de comercialización. Insertarnos en este mercado internacional -y posicionarnos con capacidad de liderazgo- será un proceso largo, que sólo comienza con la aprobación de estas iniciativas.
En términos industriales, ¿cuáles son las “ventajas competitivas” de Argentina para posicionarse en un mercado que ya tiene dinámicas propias?
Las condiciones agropecuarias excepcionales de Argentina las conocemos todos. La riqueza de nuestro subsuelo es lo que históricamente le permitió al país contar con excelentes ventajas competitivas; y con poca inversión -en comparación a la que deben destinar países con tierras menos productivas- obtener mayores beneficios. El suelo argentino, y en especial el de la pampa húmeda, posibilita una renta extraordinaria que, si ejercemos la honestidad intelectual, pertenece al conjunto de la sociedad. Lo que nosotros buscamos es que nuestros hombres y mujeres, los que conocen el territorio, aquellos que trabajaron la tierra por generaciones, sean los principales productores de Cannabis. Y que la planta se industrialice en nuestro país, a través de la articulación con el Estado y todas las instituciones científicas. Queremos que el Cannabis sea una Marca País. Tenemos las condiciones agrícolas, la tecnología, el conocimiento y la gente para lograrlo.
Las organizaciones civiles y los pequeños productores son las que llevaron adelante los avances que ahora el Estado reconoce, ¿qué lugar tendrían en el escenario que plantea la ley?
La ley reconoce el trabajo de las asociaciones durante todos estos años de clandestinidad. Ellos y ellas asumieron el riesgo de la persecución judicial y el estigma; pero continuaron produciendo de manera solidaria, y posibilitaron que miles de argentinos puedan mejorar su calidad de vida gracias a los atributos que ahora le reconocemos a la planta. El proyecto contempla que puedan constituirse como cooperativas y designa al INAES como el organismo encargado de desplegar políticas públicas de incentivo y acompañamiento. La Ley si bien los incluye y empodera, no establece un cupo específico para ellos. Un aspecto bastante invisibilizado es que la Argentina -si quiere permanecer dentro de los tratados internacionales en materia de drogas y narcotráfico- no puede producir todo el cannabis psicoactivo que quiera. Existe un organismo internacional, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la encargada de brindarnos un determinado cupo o volumen de producción de cannabis psicoactivo de uso medicinal. Atendiendo a este aspecto -central- es que vengo insistiendo en la necesidad de determinar el cupo (de ese 100% que nos brinde la JIFE) que vamos a destinar a los pequeños productores, cooperativas, pymes, e instituciones públicas.
“Durante todos estos años las asociaciones civiles asumieron el riesgo de la persecución judicial y el estigma, pero continuaron produciendo de manera solidaria. El proyecto contempla que puedan constituirse como cooperativas”
¿Están pensando mecanismos para evitar que el cannabis enfrente los mismos problemas que se presentan en la industria agropecuaria?
Es interesante lo que plantean, porque nosotros no podemos permitir es que desembarquen grandes capitales extranjeros, de matriz extractivista, y se lleven la riqueza de nuestro suelo. Sabemos cómo funciona el mercado agropecuario en este mundo globalizado. Los productores, muchos de ellos arrendatarios, son los que menor beneficio sacan. Los que se llevan esta renta extraordinaria a la que hacía mención, son los acopiadores y las trasnacionales que venden los paquetes tecnológicos, e incluso pretenden impedirles a nuestros hombres y mujeres del campo argentino separar semillas de su propia cosecha. Entonces, en esta nueva actividad económica que estamos creando y regulando, tenemos que impedir -en la medida de lo posible- que estas lógicas se reproduzcan sobre el cannabis. Uno de los principales inversores de cannabis en el mundo son los fondos como BlackRock. Desde hace unos años, cinco fondos de BlackRock se convirtieron en el mayor inversionista institucional de Curaleaf Holdings Inc., uno de los operadores más grandes de Cannabis de Estados Unidos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a permitir que los mismos que nos ponen la soga al cuello con la deuda, se lleven los beneficios que le corresponden a nuestra gente.
“No podemos permitir que desembarquen grandes capitales extranjeros, de matriz extractivista, y se lleven la riqueza de nuestro suelo. Tenemos que impedir que estas lógicas se reproduzcan sobre el cannabis”
Algunos gobernadores marcaron la importancia de que las provincias tengan la potestad de administrar las entregas de licencias a productores en su territorio, desarrollando sus propios mecanismos de administración y control, ¿qué opina de este pedido?
Somos un país federal y la mirada de las provincias siempre debe estar presente. En ese sentido, una de las modificaciones que ya se introdujeron al proyecto atiende a sus demandas y se crea un Consejo Federal integrado por las provincias, el cual trabajará en conjunto con la Agencia Regulatoria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME); de igual forma que hoy el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) articula con el Ministerio de Educación. En este caso la autonomía universitaria dialoga con las políticas educativas nacionales y los frutos de estos encuentros, debates y nuevas disposiciones, enriquece a cada cual. Lo mismo debe pasar con el cannabis. Es necesario que las provincias tengan participación, en tanto son las que mejor conocen las realidades particulares de sus territorios, pero sin que esto se convierta en lo que pasó con el petróleo e YPF durante las privatizaciones. No podemos dejarnos seducir por capitales de corto plazo, cuando esta industria tiene la potencialidad de diversificar nuestra matriz productiva, dinamizar las economías regionales y generar excedentes de exportación nacionales.
Fueron también algunos gobernadores los que plantearon la necesidad de avanzar en una regulación integral, es decir en una legalización amplia del cannabis, ¿cuál es su posición y cuánto consenso político existe al respecto?
Es la discusión que se viene. En lo personal, desde hace muchos años dejé de creer en la efectividad de las políticas prohibitivas y criminalizadoras. Estados Unidos hace décadas perdió la autodenominada “guerra contra las drogas” y recién ahora comienza tímidamente a revisarla. Las consecuencias del narcotráfico la padecen nuestros países hermanos, principalmente México y Colombia. Yo la verdad es que miro con mucha preocupación el incremento de este tipo de delitos en Rosario y el Gran Rosario. No podemos permitir que estas bandas tengan con qué seguir creciendo y armándose. Sabemos que los flujos de dinero ilegal pasan del narcotráfico, a la trata de personas, y al tráfico de armas, de manera dinámica. Se autoalimentan. Entonces, el problema no son los pibes y pibas que consumen cannabis, ni las madres que lo cultivaron por años en la clandestinidad para mejorar la calidad de vida de sus hijos. El problema del narcotráfico se resuelve con políticas de inclusión social, empleo de calidad, y acceso a la salud. El consumo es un problema que compete a la salud pública y no a la justicia. También sabemos que el consumo de cannabis no conduce a la experimentación con otras sustancias. El que hace el nexo entre ambas es el dealer. Son ellos los que le ofrecen otras drogas a los pibes y pibas que acuden en búsqueda de un cannabis de pésima calidad y a precios ridículos. La alternativa es la legalización. Y los consensos los debemos construir en el Congreso, pero también en el seno de la sociedad, con su participación, tal cual sucedió con la IVE.
“Una regulación integral debería garantizar el derecho a la salud, a la vida, al respeto de las necesidades, deseos, autodeterminación y libertades del otro. El derecho al autocultivo y al cultivo solidario”
¿Qué características esenciales tendría que tener una regulación integral del cannabis, qué derechos deberían ser garantizados?
El derecho a la salud, a la vida, al respeto de las necesidades, deseos, autodeterminación y libertades del otro. El derecho al autocultivo y al cultivo solidario. El derecho a estudiar, investigar, innovar y producir (bajo marcos de regulación razonables) cannabis en sus diferentes variaciones. El derecho de los productores de reservar sus propias semillas y no estar atados a las corporaciones multinacionales. El derecho que tienen a que se les fije precios mínimos de venta y las ganancias no queden en el circuito de comercialización. El derecho a producir con formas asociativistas que articulen con lo público. Queremos forjar una comunidad más solidaria, empática, y que priorice el desarrollo humano por sobre la acumulación de capital.