@sugarleaffarm
Un hombre de 64 años y su hija, de 24, fueron sobreseídos en una causa en la que habían sido imputados por “Tenencia simple de estupefacientes”, en Paraná.
Pero no solo eso: después de la sentencia, la Justicia de Entre Ríos resolvió devolverles los 2,460 kilos de flores de cannabis que habían sido secuestrados durante el allanamiento que inició el proceso y que estaban guardados en 146 frascos y 23 pequeñas bolsas.
Los funcionarios judiciales comprendieron que no se había cometido ningún delito ya que el cultivo tenía fines medicinales y que, por lo tanto, la no restitución del producto hubiera vulnerado sus derechos a la salud.
El fiscal que intervino, Ignacio Aramberry, explicó a THC: “Partiendo de la base que, bajo determinadas condiciones legales, la tenencia de cannabis medicinal constituye una conducta autorizada, no tuve reparos”, dijo.
La decisión fue inédita, no porque no existan antecedentes de devolución de cannabis, sino por las cantidades. Sin embargo, se dio lugar a la evidencia que demostraba que el uso del hombre estaba asociado a su diagnóstico de artrosis y artritis y el de ella al insomnio.
La decisión fue inédita, no porque no existan antecedentes de devolución de cannabis, sino por las cantidades. Sin embargo, se dio lugar a la evidencia que demostraba que el uso del hombre estaba asociado a su diagnóstico de artrosis y artritis y el de ella al insomnio.
Además, “se tuvo en consideración que uno de los imputados estaba autorizado por el organismo respectivo al cultivo controlado de la sustancia”, agregó el fiscal sobre el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que permite tener una plantación en la legalidad.
La causa
Los hechos comenzaron el 27 de abril, cuando los vecinos del hombre y su hija, quienes decidieron preservar su identidad, fueron denunciados por sus vecinos por ruidos molestos.
Entonces, la Policía llegó al lugar y, durante el allanamiento, encontró casi dos kilos y medio de cannabis que habían sido recientemente cosechados.
“No es que las fuerzas llegaron por una cuestión vinculada al cultivo sino de manera totalmente azarosa, por un conflicto vecinal. No estamos hablando de familias habituadas al mundo delictivo ni mucho menos. Es más, mientras los efectivos avanzaban en su casa, ella les comentaba por qué consumían o les contaba que producía el aceite”, contó Andrés Bacigalupo, el abogado defensor de la familia.
“Hoy en día, la fortuna del cultivador que es allanado depende de la discrecionalidad y de la deconstrucción que tenga el fiscal sobre el fenómeno del consumo de cannabis”, aseguró el abogado de la familia, Andrés Bacigalupo.
La cantidad fue lo que determinó que la imputación que recayera sobre ambos fuera “Tenencia simple”, que tiene una pena de uno a seis años de prisión, y no de “Tenencia para el consumo personal”, con una pena de un mes a dos años.
Sin embargo, luego de que ella declarara la Fiscalía, Arramberry decidió pedir el sobreseimiento. En esa instancia se presentaron las historias clínicas de ambos y los documentos que asociaban el cultivo con las patologías de cada uno.
“Se tuvo en consideración que uno de los imputados estaba autorizado por el organismo respectivo al cultivo controlado de la sustancia”, le dijo a THC Ignacio Aramberry, el fiscal de la causa contra el padre e hija cultivadores.
Al momento del allanamiento ninguno de los dos tenía el certificado del Reprocann. Lo que sucedió fue que ambos habían tenido la intención de inscribirse en el registro provincial que estuvo a punto de abrirse en diciembre del 2020.
“Por un error en la técnica legislativa, la ley que iba a crear el registro se terminó sancionando en mayo del 2021 y todavía no está reglamentada. De haber sabido que eso no iba a salir, ambos se hubieran inscripto en el Reprocann directamente”, agregó el abogado.
El asunto es que padre e hija iniciaron el trámite en el registro nacional luego del allanamiento. El certificado de ella salió rápido pero el de él se demoró por el colapso del sistema.
Según Bacigalupo, “esto fue valorado al momento del sobreseimiento y de la devolución. El certificado te dice que un organismo que depende del Ministerio de Salud te respalda, que hay médicos que acreditan que el cultivo es para la salud”.
Una semana después de que se dictara el sobreseimiento, Bacigalupo presentó un escrito para reclamar la devolución de los 146 frascos de cannabis. El fiscal no se opuso y la jueza de Garantías N° 5, Susana María Paola Firmo, hizo lugar a la solicitud.
Un hecho aislado
No todos los cultivadores logran ser tratados de la misma forma por la Justicia. Por mencionar un caso, hace dos semanas la odontóloga Edith Bernstein, y quien también padece de fibromialgia, fue allanada por la Prefectura Naval en su hogar de la localidad de Gonnet, en provincia de Buenos Aires. Aún tiene la causa abierta y los plantines que le sustrajeron aún no han sido devueltos: una realidad que le sucede a la mayoría de los cultivadores que son detenidos.
Según Bacigalupo, “hoy en día, la fortuna del cultivador que es allanado depende de la discrecionalidad y de la deconstrucción que tenga el fiscal sobre el fenómeno del consumo de cannabis”.
Aramberry dijo que las desigualdades en el trato también dependen “de las circunstancias de cada caso en particular. Considero que en este caso, el criterio adoptado ha sido el correcto. Sin embargo, el consumo de cannabis aunque sea con fines medicinales es un tema tabú y, como tal, genera prejuicios que pueden conducir a situaciones injustas”, finalizó el fiscal.