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En el actual territorio del Estado Plurinacional de Bolivia existe un uso ancestral de las plantas medicinales y alucinógenas desde los pueblos originarios, con la hoja de coca como la más popular.
Sin embargo, en la actualidad las penas por la tenencia de sustancias prohibidas son durísimas. Pero ahora, el país vecino comienza a ser más flexible: por primera vez, se autorizó que una niña con parálisis cerebral pueda utilizar cannabis para mejorar su calidad de vida.
Según la resolución a la que tuvo acceso THC de la Agencia Estatal de Medicamentos (Agemed), dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, se habilita de manera “excepcional y exclusiva” y por el período de 180 días el uso de aceite de cannabis para el tratamiento médico que necesita la paciente menor de edad.
Se trata de una niña de cinco años que nació con parálisis cerebral y padece de una discapacidad severa. Su madre, quien prefiere reservar la identidad de la familia, cuenta que comenzó a probar los derivados de la planta para reducir las crisis de dolor de la niña que llegaban a ser llantos prolongados por 18 horas seguidas.
Al comprobar los resultados positivos, su madre decidió hacer un pedido formal al Estado boliviano para que le permita un acceso seguro del aceite que, previamente, conseguía en Chile y lo trasladaba a escondidas. Un hecho que podía implicarle una pena de prisión superior a los diez años.
“La mamá vivía con miedo. Ella tiene el derecho al uso, ¿porqué debería ocultarse? Pero ahora ella y su niña le están abriendo el camino a otros pacientes”, dice Gloria Rosé Acha, la abogada de la familia e integrante de la organización Acción Andina.
Pero ahora, Bolivia le permitirá a esta familia importar desde Chile tres frascos del aceite Cannamedicol. Es un compuesto elaborado en Colombia que contiene tanto CBD, como THC.
Además, esta habilitación estipula el acompañamiento médico del Dr. Hugo Tejerina, radicado en Bolivia, y el chileno Pedro Musalem Nazar, quien fue el primer profesional que trató a la niña y recomendó el uso del cannabis.
“El cannabis medicinal fue milagroso: le redujo los espasmos al 70%, que hacía que se le tensaran los músculos y llorara constantemente. La niña podía dormir o mantenerse sentada en una silla por horas. Ese beneficio que vio la madre hizo que decidiera seguir el tratamiento. Era una situación muy dura”, le cuenta a THC Gloria Rosé Acha, integrante de la organización Acción Andina y la abogada que acompañó a la primera familia de Bolivia a la que se le permite el uso de cannabis.
Un hito para Bolivia
Rosé Acha cuenta que la niña de cinco años nació con parálisis cerebral y que su condición de salud es algo que la acompañará por el resto de su vida. “Va a estar siempre en esas condiciones y necesita una terapia paliativa”, dice la abogada sobre la menor de edad que se encuentra en ese estado por diferentes complicaciones en el momento del parto.
Al correr los meses, la niña comenzó a manifestar sus dolores con llantos permanentes. Por eso, su madre buscó con desesperación todas las formas de mejorarle su calidad de vida. “La situación la llevó a buscar médicos en el exterior. Y hace dos años conocieron a Musalem Nazar, quien le dio la primera receta de aceite de cannabis y que lo consiguió en Chile. Los resultaron fueron positivos”, dice Rosé Acha.
Como esta familia se encontraba en la absoluta clandestinidad, la abogada explica que a la madre podría caerle la pena de doce años de prisión por el suministro de sustancias prohibidas a otra persona. Por eso, desde Acción Andina decidieron acompañar el caso para marcar un hito de acceso a la salud en Bolivia.
“Durante mucho tiempo costó encontrar alguien que se anime a exponerse. La mayoría de los pacientes pensaban que si le pedían autorización al Estado, al día siguiente iba a estar la policía en la puerta de sus casas. Hace dos años conocimos a la mamá de la niña y ella tiene el mismo enfoque que nosotros: cambiar el enfoque prohibicionista de la política de drogas”, asegura Rosé Acha.
“El cannabis medicinal fue milagroso: le redujo los espasmos al 70%, que hacía que se le tensaran los músculos y llorara constantemente. La niña podía dormir o mantenerse sentada en una silla por horas. Ese beneficio que vio la madre hizo que decidiera seguir el tratamiento. Era una situación muy dura”, le cuenta a THC Gloria Rosé Acha.
Entonces, Rosé Acha y el resto del equipo de Acción Andina comenzaron a hacer los pedidos formales. Pero no fue sencillo: “El trámite lo empezamos en septiembre del año pasado, con el Gobierno anterior”, dice la abogada sobre la gestión del último golpe militar boliviano.
Con el tiempo, las autoridades vecinas aprobaban la solicitud. Pero luego, les pedían nuevos requisitos. “Querían que el seguimiento a la niña lo realizara un médico boliviano. Pero no había nadie que se animara a hacerlo. Además del estigma y que muchos pensaban que podía caerle la ley penal, sucede que los médicos no conocen nada sobre el uso de cannabis”, asegura Rosé Acha sobre la problemática de la falta de capacitaciones a profesionales de la salud y que también sucede en Argentina.
Sin embargo, Agemed flexibilizó sus exigencias y permitió que el seguimiento profesional lo continúe realizando el médico chileno. Así que, desde ahora, la niña tendrá garantizada una mejor calidad de vida al proveer el aceite de cannabis de una forma legal.
Un cambio de paradigma
“La mamá vivía con miedo. Ella tiene el derecho al uso, ¿porqué debería ocultarse? Pero ahora ella y su niña le están abriendo el camino a otros pacientes”, dice Rosé Acha.
La abogada se refiere al duro prohibicionismo que existe en Bolivia, desde la década del ’80 cuando el país vecino entró de lleno a la “Guerra contra las Drogas” luego de la dictadura militar de Luis García Meza, quien tenía íntimos vínculos con el narcotráfico.
“El consumo es un delito en Bolivia y la marihuana es la sustancia de mayor persecución. Según datos de la oficina de Narcóticos de la Policía, el 30% de los detenidos son usuarios. Y es una cifra que va en aumento, mientras que los delitos relacionados a la estructura, como transporte o fabricación, llegan al 3%”, asegura la abogada.
Según relata Rosé Acha, la prohibición en Bolivia lleva a “iniciativas punitivas que violan los derechos humanos. Una de ellas es el programa Mochila Segura: las alcaldías implementaron la revisión policial a estudiantes de colegios, a quienes se los lleva al baño de la escuela y los obligan a desvestirse para revisarlos para informar que tengan marihuana”, dice la abogada sobre la medida que “está en contra de la Convención de los Derechos del Niño”.
“Cualquier tema relacionado con cannabis, la policía es quien ejecuta las aprehensiones. Y ellos desconocen las cuestiones legales. Para ellos es motivo de arresto y, en algunos casos, hasta de tortura. Su procedimiento consiste en doblegar a la persona para que se declare culpable”, agrega Diego Carballo Medrán, otro integrante de Acción Andina que se dedica a la elaboración de estadísticas.
Por eso, el permiso que recibió la familia de la niña que necesita el aceite de cannabis toma mayor relevancia. Para los activistas de Acción Andina, que luchan contra la prohibición desde 1992, este hecho “va a ser una apertura para el país”.