“Tenés productos para cannabis. Punto”. Así el inspector de la habilitaciones de la Municipalidad de San Miguel le responde al dueño de Jardín Primitivo Growshop. El producto es una bolsa de sustrato en el que se lee la palabra cannabis. Eso bastó para que el local sea clausurado.
No es un error de interpretación del inspector. Es la determinación personal del director de habilitaciones del municipio, Mariano Calvente.
“En la única reunión que tuvimos no nos dejó hablar, no paró de gritarnos: en San Miguel, cero marihuana”, nos cuenta Mauro, uno de los propietarios de Jardín Primitivo, un emprendimiento con tres locales que le da trabajo a 8 personas.
Una cruzada personal
La historia de tensiones entre Calvente y los growshops no es nueva. Ya logró que se fundan dos comercios y en agosto le tocó a Jardín Primitivo, que desde hace 5 años está en el centro de San Miguel.
La primera clausura fue en agosto. El motivo: venta de artículos para tabaquería y parafernalia. Algo que bien puede encontrarse en un kiosko y para lo que no existe ninguna prohibición en el municipio.
“Cuando ocurrió esto, la decisión fue dejar de vender ese tipo de productos a la espera de una supuesta reglamentación”, explica Laura Fechino, quien ahora representa legalmente a Mauro y su socio. “La habilitación que tienen es para vivero, así que desde entonces se limitan a la venta de este tipo de artículos”, explica.
Pero claramente eso no le bastó a la dirección de habilitaciones. “Calvente dice que él va a prohibir los growshops, hasta la palabra misma en San Miguel porque no está de acuerdo con el cultivo de marihuana, porque propicia el consumo y él no va a permitir que haya drogas en su municipio”, cuenta Mauro. THC intentó comunicarse para hablar con el funcionario, sin éxito.
Lo cierto es que días atrás los inspectores volvieron y la forma en la que procedieron confirma en parte las versiones sobre la posición de la persona al frente de habilitaciones: antes de ingresar avisaron que iban a clausurar el local porque en la puerta y la cartelería puede leerse la palabra “growshop”.
Luego de revisar todo el local y no encontrar nada ilegal, los inspectores hallaron impresa en una bolsa de sustrato otra palabra supuestamente prohibida en San Miguel: “cannabis”.
A partir de ahí, como se ve en el video, nada pudo detener la clausura que se realizó sin explicaciones y en el acto.
Tampoco pareció importarle a los inspectores que, según la ley 27.350 de Cannabis Medicinal, el cultivo de cannabis es un derecho para quienes lo necesitan. De hecho, más de 33mil personas están inscriptas en el Reprocann como cultivadores y/o usuarios.
En ese contexto, no sólo los insumos para el cultivo son legales, sino que el mismo cultivo si es con fines medicinales está en el marco de la ley. Es parte del derecho a la salud, por lo tanto, impedir que alguien se informe o adquiera lo necesario para cultivar su medicina es un delito. En este caso, la falta está siendo cometida por la dirección a cargo de Calvente.
Acciones y solidaridad
“Mañana vamos a presentar un descargo ante el juzgado de faltas, aclarando que la clausura no se sostiene en ninguna norma y por lo tanto es una decisión arbitraria e ilegal”, detalla Fechino. Y detalla: “Vamos a pedir que el accionar del director se ajuste a la ley nacional 27.350”.
“Estamos habilitados como vivero y nos clausuran por vender tierra”, dice Mauro para dejar en claro que lo único fuera de la norma es la decisión de los inspectores enviados por la dirección de habilitaciones.
“Tenemos dos locales más, en José C. Paz y en Don Torcuato, pero el depósito está en el local de San Miguel, así que tuvimos que frenar todo y nos vamos a desabastecer si no reabrimos”, explica Mauro.
“Detrás de las 8 personas que trabajamos en Jardín Primitivo hay familias y nosotros recién empezamos a poder vivir de esto, mi socio todavía trabaja en un cadena de hipermercados para poder llegar a fin de mes y yo hasta hace poco trabajaba también como operario en una automotriz”, detalla.
Por suerte, ni Mauro ni sus compañeros se sienten solos. “Recibimos la solidaridad de un montón de gente, eso nos conmueve, es que realmente es una injusticia: nosotros cumplimos con todas las normas, y además hay leyes, derechos que ganamos y eso no puede estar por debajo del capricho de un funcionario”