A sus 47 años, la activista y cultivadora cannábica Adriana Funaro vivió algo que nunca se hubiese imaginado. El lunes 20 de febrero de 2017, se levantó, caminó por su parque ubicado en una reserva ecológica en Ezeiza y llegó al quincho. Abrió una ventana y se encontró con un señor apuntándole con un arma a la cabeza.
“Miré a la derecha y vi bajar una mujer por la pared lindera. Habían entrado por la medianera del vecino que me había denunciado”, relata Adriana sobre ese fatídico lunes.
No solo la denunció a ella por tener cultivos, sino también a Walter, por entonces la persona que cortaba el pasto en su casa. “Nos sentaron y esposaron, y entraron todos los policías a mi casa”, cuenta sobre el allanamiento que duró 12 horas.
Sobre el vecino denunciante, Adriana explica: “Desde su lugar machista, se agarró de la ley injusta de drogas porque yo no hice lo que él quería: dejar de construir la medianera”.
“Es nefasto que la policía estigmatice, seleccione y criminalice a determinadas personas pese a tener la autorización del Reprocann”, le dice a THC la abogada Nadia Podsiadlo.
Primero la denunció por amenazas. “Fui al juzgado y me dijeron ´ojo con lo de madres que cultivan cannabis´. El vecino tenía un comisario amigo allegado a la fiscalía. Estaba todo armado, el primero de febrero me denuncia y el 20 soy allanada”, detalla Funaro, quien hoy participa del colectivo Libertades por Cannabis.
“Había colocado 22 plantas porque de ellas dependía mi salud y la de otras personas”, Funaro. Hasta llegó a regalarle aceite a la mujer del vecino.
Su abogada, Victoria Baca Paunero, aclara que Funaro padece artrosis crónica degenerativa en las rodillas, obesidad y diabetes. Desde que le diagnosticaron artrosis comenzó a tomar el aceite.
Luchar por el derecho a la salud
Funaro estuvo cuatro días detenida y después le dictaron la prisión preventiva por siembra y cultivo de estupefacientes. “El juez no quería darme la domiciliaria porque decía que tener plantas era lo mismo que tener armas”, explica, en diálogo con THC.
Estuvo tres meses con domiciliaria en la casa de su hija. “La Cámara de Lomas de Zamora en abril de 2017, ya sancionada la ley de cannabis medicinal, revocó la preventiva y dispuso la libertad por falta de mérito”, cuenta su defensora oficial.
“Miré a la derecha y vi bajar una mujer por la pared lindera. Habían entrado por la medianera del vecino que me había denunciado. Había colocado 22 plantas porque de ellas dependía mi salud y la de otras personas”, recuerda Adriana Funaro uno de los peores días de su vida.
“La Justicia dispuso su sobreseimiento, pero la fiscalía apeló. Al llegar a la Cámara de Casación bonaerense en julio 2019, la fiscalía de Casación no mantuvo el recurso de apelación porque consideró que habían afectado los derechos humanos de Adriana”, cuenta Baca Paunero. Esto fue clave para terminar con su calvario. Sumado a que por pedido del defensor ante ese tribunal se le reconoció el derecho a ella de demandar al Estado.
“En esos años me agarraron ataques de pánico cada vez que lo veía al vecino. Estuve internada dos semanas en el Hospital Italiano en el sector de psiquiatría”, recuerda Funaro los momentos traumáticos que enfrentó. “No entendía porqué estaba detenida, solo cuidaba mi vida y la de otros desde un lugar sano”, dice sobre el hecho que marcó su vida.
Un precedente
El fallo de Adriana está catalogado como ejemplar. “Esa sentencia debe sentar un precedente y una bajada de línea a todos los tribunales del país. Además, no nos olvidemos que está establecida en la letra de la norma la indemnización por error judicial , y es hora de que cada quien se haga cargo de los errores que comete”, le explica a THC la abogada penalista Nadia Podsiadlo, de Presos y Presas por Plantar.
Por su parte, su colega Andrés Bacigalupo sostiene que es uno de los pronunciamientos judiciales de cabecera en materia de derechos humanos, autocultivo y consumo de cannabis medicinal y derecho a la salud.
Las fallas del sistema
En la actualidad, Argentina cuenta con un mecanismo creado por el estado para que los usuarios y usuarias de cannabis puedan cultivar y transportar sin ser criminalizados por las fuerzas de seguridad y la Justicia. Se trata del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que depende del Ministerio de Salud de la Nación.
Según datos oficiales, desde su implementación en marzo del año pasado hasta el fin de 2021, más de 33 mil personas fueron habilitadas para plantar, transportar aceite y flores por el país.
Sin embargo, tal como ha publicado este medio, se repiten los casos de personas que tienen su trámite del Reprocann aprobado y que han sido demorados o detenidos. A pesar del derecho alcanzado, las detenciones arbitrarias continúan.
“Funaro es el típico caso en el que nos encontramos la inadecuada formación del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad, que a costa de cultivadoras, se lograron en nuestra jurisprudencia visibilizar”, dice Bacigalupo.
“La Justicia dispuso su sobreseimiento, pero la fiscalía apeló. Al llegar a la Cámara de Casación bonaerense en julio 2019, la fiscalía de Casación no mantuvo el recurso de apelación porque consideró que habían afectado los derechos humanos de Adriana”, cuenta la abogada de Funaro, Victoria Baca Paunero.
De esa forma, aclara que se sentó jurisprudencia en los máximos tribunales en materia penal y se empezó a tener herramientas para frenar la ola de violencia estatal sobre personas que no infringen la normativa penal. “Sino que hacen ejercicio de sus derechos humanos por encima de leyes de inferior jerarquía”, destaca.
A su vez, Podsiadlo hace hincapié en que las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales necesitan capacitación en leyes y normativas relativas al cannabis para uso medicinal. “Es nefasto que la policía estigmatice, seleccione y criminalice a determinadas personas pese a tener la autorización del Reprocann”, dice.
Pero le parece más urgente aún que los miembros del Poder Judicial tengan mayores conocimientos sobre la materia. Y aclara: “Son ellos quienes ordenan a las fuerzas de seguridad la detención de las personas autorizadas por el Reprocann. Quien desconozca el derecho desde esta órbita debería tener la misma sanción que ellos mismos tratan de imponer”, cierra la abogada.