“Hoy en San Miguel no existe ningún growshop”. La persona que habla es Mauro, uno de los propietarios de Jardín Primitivo, un emprendimiento que cuenta con tres locales de la industria cannábica y que le da trabajo a ocho personas. Pero que, durante la semana pasada, sufrió una clausura arbitraria por parte del Municipio de zona oeste por comercializar productos destinados a la planta.
Por ese motivo, desde las 18 horas de hoy se concentrarán en la plaza San Miguel, ubicada sobre la avenida Dr. Ricardo Balbín, para exigir que se termine la persecución a las personas que usan la planta y se cumpla la Ley de Cannabis Medicinal que habilita tanto el cultivo y el transporte, tanto de materia vegetal como de aceite.
La movilización no solamente será acompañada por el activismo cannábico, sino también por emprendedores de San Miguel que han intentado tener sus growshops, pero que desde el municipio están enfocados en no dejar que funcionen y también han sido clausurados.
“Hoy en San Miguel no existe ningún growshop”, asegura Mauro, el dueño del local Jardín Primitivo, que la semana anterior fue clausurado dos veces por una decisión arbitraria de la Municipalidad.
Crónica de un abuso
Los hechos comenzaron el 8 de enero. Aquella tarde, en Jardín Primitivo Growshop entró un inspector de habilitaciones de San Miguel. “Tenés productos para cannabis. Punto”, sentenció el hombre que justificó su clausura porque una bolsa de sustrato se leía el nombre de la planta, como si se tratara de un delito, tanto la palabra como el producto que llevaba dentro.
Pero no fue un error de interpretación del trabajador municipal ni un desconocimiento de la Ley de Cannabis Medicinal, que permite el cultivo y transporte mediante la inscripción del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), dependiente del Ministerio de Salud.
Por el contrario, es una indicación personal del Director de Habilitaciones de San Miguel, Mariano Calvente, quien tiene la misión de exterminar a la planta del municipio. Incluso para los fines medicinales y a pesar que existe una ley nacional que habilita tales usos. Este funcionario ya logró que fundieran otros dos growshops ante las recurrentes inhabilitaciones.
“En la única reunión que tuvimos no nos dejó hablar, no paró de gritarnos: en San Miguel, cero marihuana”, nos cuenta Mauro sobre el encuentro que tuvo con Calvente.
Sin embargo, al jueves siguiente de la clausura, se volvió a habilitar el Jardín Primitivo.
La jueza de faltas municipal, Marisa Guilanea, levantó la clausura del local con la condición de adecuarse a las normativas de habilitación. Aquí se encuentra una de las primeras irregularidades, porque el motivo de la inhabilitación radicaba en un sustrato que decía “cannabis” y no es un impedimento para tener un local comercial. Solo fue una pura arbitrariedad de la Municipalidad.
De todos modos, el growshop decidió retirar las bolsas de sustrato como un gesto de buena voluntad. Pero el “permiso” tan solo duró unas tres horas.
Durante la noche, dos mujeres quedaron registradas en las cámaras de seguridad en el momento exacto en el que se mueven sigilosamente entre la oscuridad para pegar dos nuevas fajas de clausura.
“Estábamos adentro del local, trabajando fuera de hora porque realmente con todo esto que nos están haciendo estamos al borde de fundirnos”, cuenta Mauro. Cuando encontró las fajas, solo había una fecha y hora. No existía número de acta labrada ni se especificaba la infracción. Por lo que, hasta el momento Jardín Primitivo continúa clausurado.
Hasta después de la feria
En cuánto a la actualidad de la situación de clausura del Jardín Primitivo, Mauro cuenta que esta semana presentó un nuevo escrito ante la jueza de faltas municipal, Marisa Guilanea, para reclamar la habilitación de su local porque no incumplía ninguna normativa vigente. Sin embargo, la decisión final la tomará un juzgado del partido de San Martín, que aún no fue sorteado porque en este momento transcurre la feria judicial y que recién terminará el 31 de enero.
Mientras, la comunidad cannábica de San Miguel se mantiene organizada ante el atropello las autoridades municipales de clausurar una industria que tiene plena autorización legal para funcionar.