El Tribunal Oral Federal de Paraná dictó el sobreseimiento a Iván Gregorio Malajovich, un activista de Entre Ríos que afrontó una causa en su contra por dar talleres de cultivo de cannabis.
La causa se había iniciado a partir de una investigación de la Policía provincial a la Agrupación Paranaense de Agricultorxs Cannábicxs (APAC) por brindar actividades sobre cannabis medicinal y autocultivo.
Según le cuentan a THC abogados allegados a la causa, la Policía no solo que se infiltró en los talleres. También realizaron escuchas telefónicas y entrevistaron a vecinos de los que para ellos eran sospechosos del delito de narcotráfico.
Luego, se ordenó el allanamiento al domicilio de Malajovich, su growshop y en el hogar de Maximiliano Burgos, en donde se encontraron plantas de cannabis. Este último usaba cannabis porque padecía de esclerósis múltiple y una parálisis que le impedía caminar. En el momento del allanamiento, Burgos sufrió una crisis y por eso no fue detenido.
“Estoy con una sonrisa enorme frente al futuro hermoso que viene para la cultura cannábica y disfrutando de los derechos ganados en estos años de batalla, que es dura y no termina hasta que no haya ningún preso por cannabis”, sostiene Malajovich.
Sin embargo, Malajovich fue trasladado e incomunicado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Aunque el activista fue liberado a los pocos días, su causa por tenencia simple de estupefacientes continuó abierta por cuatro hasta hoy. Ahora, La Justicia dictó el sobreseimiento del activista por el cannabis en Entre Ríos.
“Esto significa que soy libre nuevamente. Hasta hace unos días mi libertad era condicional y sujeta a mi buena conducta. Para mi es como sacarle la venda a una herida que cicatrizó correctamente y poder exponerla como una victoria más en la batalla que venimos dando como comunidad contra las leyes prohibicionistas que criminalizan nuestra ancestral cultura cannabicultora”, dice Malajovich en diálogo con THC.
Crónica de un sobreseimiento en Entre Ríos por enseñar a cultivar cannabis
Los hechos comenzaron a principios de 2017, el mismo año que Argentina sancionó a nivel nacional la Ley de Cannabis Medicinal. Más precisamente, a partir de una noticia publicada en El Diario de Paraná donde se invitó a la comunidad a participar de una “Jornada de Cultura Cannábica”. El evento era organizado por APAC y puso en alerta a los funcionarios policiales: presentaron un escrito para que la Justifica Federal les habilite el inicio de la investigación.
“Meramente damos información a quien la necesita y luego las personas deciden qué hacer. La información es algo que tendría que estar disponible para todo el mundo”, dice Iván Gregorio Malajovich.
De esta manera, la Policía se infiltró en los talleres de APAC y escuchó sus conversaciones telefónicas durante quince meses. Cuando ya habían identificado a Malajovich y Burgos, indagaron a sus vecinos para que confirmaran actividades delictivas.
“La policía se infiltraba para investigar la apología al consumo de drogas, en principio. Eran todas conductas marcadas en un claro marco de protesta cívica coincidente con el movimiento cannábico: ese año se sanciona la Ley de Cannabis Medicinal”, le cuenta a THC Andrés Bacigalupo, abogado defensor de los acusados.
Entonces, se dictaron los allanamientos.
Cómo detienen a los activistas cannábicos de Paraná
“Para Iván representó un verdadero calvario”, cuenta Bacigalupo. Cuando la policía irrumpió en su domicilio y local, le llevaron no solo sus plantas. También se secuestró material de cultivo como carpas, paneles de luz y otros artículos. Y pasó días en la cárcel.
“El shock de los allanamientos es muy fuerte”, asegura Malajovich. “Es dificil explicar lo que se siente estar imputado en una causa judicial. El capricho o ignorancia de un juez o fiscal puede acabar con tu libertad con la firma de un papel”, dice el activista de Paraná.
En cuanto a cómo fue vivir esos días, Malajovich cuenta que son “miedo y ansiedad constante dificil de olvidar. Está con uno todo el tiempo y en ciertas situaciones es incontrolable. Como despertarte por la noche sintiendo que patean la puerta de tu casa o las pesadillas del momento en el encierro. Te pone en otra frecuencia de vida”, asegura.
En el caso de Burgos fue incluso más traumático. Por su condición de salud se trasladaba en silla de ruedas y no pudo abrir su puerta cuando se anunció la Policía. Entonces, los efectivos la derribaron y se produjo un evento violento. Burgos sufrió una crisis en ese momento, por lo que se desistió en detenerlo.
Los acusados fueron procesados en 2018 por cultivo, almacenamiento y tenencia de cannabis. Se trataba de un delito que podía llevarlos a más de 14 años de prisión. Aunque a los pocos días fueron liberados, la causa continuó abierta.
En aquel entonces, el juez federal Leandro Ríos sostuvo que los talleres dictados por Malajovich suponían una “influencia estimulante, aún potencial, sobre pasivos individuos receptores”. Es decir, que la libre información significaba un riesgo a la salud pública y que se trataba de una herramienta para captar clientes en beneficio del narcotráfico. Nada más alejado de la realidad.
“Meramente damos información a quien la necesita y luego las personas deciden qué hacer. La información es algo que tendría que estar disponible para todo el mundo”, aseguró Malajovich en una nota realizada por este medio en febrero de 2019.
Al fin la libertad: el sobreseimiento en Entre Ríos por dar información de cannabis
Luego de cuatro años de causa judicial, esta semana finalmente la Justicia dictó el sobreseimiento para el cultivador de cannabis de Entre Ríos. Uno de los aspectos más curiosos es que fue una resolución expeditiva, ya que la Fiscalía acompañó el pedido de la defensa del sobreseimiento.
“El resultado de esta causa es un avance más dentro de la Guerra contra las Drogas en territorio argentino”, sostiene Bacigalupo, quien también coordina el Área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal y es asesor de Efecto Séquito.
“La policía se infiltraba para investigar la apología al consumo de drogas, en principio. Eran todas conductas marcadas en un claro marco de protesta cívica coincidente con el movimiento cannábico: ese año se sanciona la Ley de Cannabis Medicinal”, le cuenta a THC Andrés Bacigalupo, abogado defensor de los acusados.
Entonces, el abogado explica que “observamos un cambio de paradigma en la postura político criminal de los órganos de acusación. Durante mucho tiempo defendían férreamente la postura prohibicionista”, dice el abogado sobre la postura de la Fiscalía en acompañar el pedido de sobreseimiento. Uno de los motivos más importantes es porque se aplica la Ley de Cannabis Medicinal, incluso para causas anteriores a su sanción.
Una nueva vida
Con el sobreseimiento dictado por la Justicia, la causa penal se extingue por completo. De esta manera, el proceso “no afecta su buen nombre y honor”, tal como expresó el Tribunal.
¿Qué tiene pensado hacer Malajovich de ahora en más? “Seguir con la lucha”, contesta seguro.
“Como activista siempre supe que existía la posibilidad de que sucedieran estas cosas. Pero nunca dejé de lado mi vida cannábica. Estoy agradecido de todo lo que pasa porque me trajo donde estoy hoy. Estoy con una sonrisa enorme frente al futuro hermoso que viene para la cultura cannábica y disfrutando de los derechos ganados en estos años de batalla, que es dura y no termina hasta que no haya ningún preso por cannabis”, sostiene Malajovich.
“Esto significa que soy libre nuevamente. Hasta hace unos días mi libertad era condicional y sujeta a mi buena conducta. Para mi es como sacarle la venda a una herida que cicatrizó correctamente y poder exponerla como una victoria más en la batalla que venimos dando como comunidad contra las leyes prohibicionistas que criminalizan nuestra ancestral cultura cannabicultora”, dice Malajovich en diálogo con THC.
En cuanto a Burgos, su devenir fue diferente. Él murió en 2020 cuando sufrió un accidente doméstico. “Maxi fue luchador de mil batallas y la semilla de grandes encuentros, enseñanzas y uniones (…) un pulso de vida que inunda nuestra lucha”, fueron las palabras que le dedicó APAC en el momento de su fallecimiento. Pero, por su parte, la Justicia jamás se pronunció sobre su buen nombre y honor.
“Lo que sucedió con Maxi es muy dificil de explicar, si es que tiene alguna explicación”, dice Bacigalupo. El abogado cuenta que “después del allanamiento, que fue muy violento, la Justicia directamente lo borró del expediente y no se lo llamó a indagatoria”. Es claro: una persona en silla de ruedas por esclerosis múltiple no servía como chivo expiatorio. Malajovich sí.
“Desapareció misteriosamente de la causa”, asegura Bacigalupo sobre Burgos. Él también fue inocente en la causa que pretendieron armarle. Ahora, en Entre Ríos, su legado y lucha seguirá más plantado que nunca.