por Emilio Ruchansky
La nueva reglamentación de la ley 27.350 de cannabis medicinal comienza a saldar una deuda con todas las organizaciones civiles, cultivadorxs solidarixs, pacientes y familiares que aún hoy corren el riesgo de ser allanadxs y detenidxs, por una práctica que solo busca mejor la salud y calidad de vida de quienes lo precisan.
Si bien las convenciones internacionales permiten la producción de cannabis para fines médicos y de investigación, el régimen prohibicionista ha entorpecido los intentos de avanzar en este sentido. Por eso es tan valioso el trabajo realizado por el Ministerio de Salud de la Nación junto al Consejo Consultivo Honorario, creado por la norma e integrado, entre otros, por seis asociaciones civiles especializadas en la materia.
Es importante que el estado nacional siga trabajando con las distintas jurisdicciones provinciales y municipales, las asociaciones de la sociedad civil y del activismo en general para que esta nueva reglamentación de la ley 23.750 funcione.
Como venimos insistiendo desde el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis es necesario y urgente avanzar aún más, incluyendo el uso adulto o recreativo en esta discusión. La regulación del cannabis y sus derivados para estos fines también es una cuestión de Salud Pública.
Es necesario y urgente avanzar aún más, incluyendo el uso adulto o recreativo en esta discusión. La regulación del cannabis para estos fines también es una cuestión de salud pública
Además, mientras se sigan criminalizando las conductas asociadas al consumo de cannabis y otras drogas ilegalizadas, miles de personas seguirán siendo requisadas, detenidas, procesadas y hasta encarceladas, afectando claramente sus derechos humanos, sus oportunidades de inclusión laboral y su salud.
Tanto Canadá como el estado norteamericano de Colorado, pionero en la regulación del uso adulto en ese país, tuvieron antes fallos y leyes que avalaron el acceso al cannabis para fines medicinales, terapéuticos y paliativos.
Las estructuras administrativas, las guías de buenas prácticas e incluso la creación de cuerpos de inspección alrededor de la producción para fines medicinales como así también el desarrollo de distintas formas de producción doméstica y solidaria, incluyendo las figuras de “cuidadorxs”, “cultivadorxs designadxs” y de asociaciones civiles o clubes dedicados al “uso compasivo” y dispensarios, fueron antecedentes fundamentales al momento de poner en funcionamiento la regulación de un mercado mayor: el de cannabis para uso adulto.
Según los últimos datos de la Sedronar, en 2017 al menos 1.482.165 de personas declararon haber consumido en los últimos 12 meses en la Argentina.
No regular legalmente el cannabis, la tercera droga más consumida en nuestro país después del alcohol y el tabaco, es seguir condenando a muchas de estas personas a contactarse con el mercado clandestino, con los problemas que eso implica, a cambio marihuana mal secada, mal manicurada y mal prensada, algunas veces con hongos, que, como lo muestra el caso de Paraguay, además es obtenida bajo condiciones de sobreexplotación y reducción a la servidumbre del campesinado.
Imagen: Sebastián de la Cruz