@prestonhempco
Donde el cannabis es legal empieza a surgir al preocupación de que le regulación sea justa y los beneficios que genera no queden en pocas manos.
Con el foco en la inclusión de las minorías en la industria cannábica, la agencia reguladora del cannabis en el estado de Michigan, Estados Unidos, propuso un nuevo plan de impuestos a la marihuana, destinado a financiar líneas de préstamos comerciales y programas de inclusión.
El órgano que emitió la recomendación es la Racial Equity Advisory Workgroup (REA), dependiente de la agencia que regula el cannabis en el estado.
La REA fue creada para monitorear y promover la participación en la industria cannábica de personas que provienen de comunidades afectadas de manera desproporcionada por la Guerra contra las Drogas.
El arte de distribuir
En el estado, donde el cannabis medicinal está regulado desde 2008 y para uso adulto desde 2018, solamente 3,8% de las licencias activas pertenecen a personas afroamericanas y un 1,5% a latinos.
Actualmente el cannabis medicinal en venta en dispensarios está gravado con el 6% y el recreativo o de uso adulto con un 6% en las ventas minoristas y 10% en mayoristas.
Según el nuevo plan, se agregaría un 3% al cannabis medicinal y un 1,5% a las ventas mayoristas, que pueden generar entre 2 y 3 millones de dólares al año según un estimado de la misma agencia.
Los grupos más castigados por la prohibición son los que menos participan de los beneficios de la regulación. En Michigan solamente 3,8% de las licencias activas pertenecen a personas afroamericanas y un 1,5% a latinos.
Entre las aplicaciones sugeridas se encuentran programas de préstamos para empresas, tanto para apertura de nuevos negocios y proyectos como para entrenamiento de personal y asistencia técnica.
También se desarrollarían programas de capacitación para personas sin conocimiento de negocios que quieran introducirse a la industria de la marihuana legal.
Incluso se busca generar herramientas para mejorar el acceso a la tierra en proyectos que apunten a la diversidad social.
También incluye una nueva figura en la licencia de microempresas, aumentando el número de plantas de 150 a 300 y permitiendo a los dispensarios adquirirlas a varios productores habilitados en lugar de a uno solo.
Además separa los permisos para cultivar y procesar, anteriormente unificados en una sola licencia que obligaba a vender solamente el cannabis que la licencia permitía producir.
Esta flexibilización permite que las pymes cannábicas puedan asegurar un abastecimiento continuo no solo por la cantidad de plantas sino por la posibilidad de comprarlas a terceros y también adquirir cannabis ya procesado para la venta minorista.