Hoy, en la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández pronunció por primera vez la palabra “cannabis” frente a los legisladores y legisladoras nacionales.
“El cannabis”, dijo, “tiene grandes propiedades con fines medicinales e industriales”. Y profundizó: “La industria mundial del cannabis triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años”.
Lo primero es un hecho comprobado, lo segundo es un proyección basada en una serie de indicadores y que muestra que el Poder Ejecutivo está mirando lo que ocurre con la planta más allá de nuestras fronteras.
De inmediato, el presidente anunció lo que ya habían adelantado desde el Ministerio de Producción días atrás. El Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que, en sus palabras, “prevee la autorización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”.
El Ejecutivo presentará un proyecto que, en palabras del presidente, “prevee la autorización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”.
También hizo mención a la situación penal que enfrentan millones de usuarios, usuarias y cultivadores, apuntando a lo que considera un cambio de paradigma: “En la política de drogas priorizamos la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y no la política de persecución del consumo que regía previamente”.
La dificultad es que los principios pueden convertirse en abstracciones muy rápido. Especialmente si las leyes que efectivamente tenemos no tienen como condición necesaria el cuidado de repartir el peso con justicia.
En ese mar de letras chicas, la Ley de Drogas argentina fue creada sobre un principio que atenta contra todo balance: el Estado desconoce la inocencia de ciudadanos y ciudadanas.
Así, cada persona que cultiva, cada usuario y usuaria se enfrenta en soledad a la maquinaria estatal que, desde el vamos, los considera culpables de un delito. Desde hace años la sociedad pide el fin de esta injusticia, que solo puede garantizarse avanzando en una reforma profunda de la ley penal y en una regulación integral del cannabis.
En nuestro país, el derecho al uso y cultivo de cannabis como medicina logró que el sistema político se despertara. Si bien el universo de quienes usan cannabis es mucho más amplio, nadie dudó de que había que dar una respuesta, aunque fuera parcial.
En 2017, se sancionó la Ley de Cannabis Medicinal. Un reconocimiento que vino con una postergación bajo el brazo: el autocultivo quedó afuera de la reglamentación de la ley.
Aún el Ministerio de Salud no resolvió cuándo las personas podrán inscribirse en el Registro Nacional. Sin esa certificación básica, quienes plantan incluso con fines medicinales siguen siendo criminalizado
A finales de 2020, la nueva reglamentación reconoció el derecho al cultivo personal, solidario y colectivo. Para efectivizarlo, el Estado debe crear un Registro Nacional.
Sin embargo, aún el Ministerio de Salud no resolvió cómo ni cuándo las personas podrán inscribirse. Sin esa certificación básica, quienes plantan incluso con fines medicinales siguen siendo criminalizados.
En paralelo, se comenzaron a otorgar permisos para cultivos en manos de instituciones públicas, en la mayoría de los casos vinculadas a actores privados. Algo entendible, si pensamos en el nivel de demanda de productos a base de cannabis en todo el mundo. También si evaluamos la importancia de estas iniciativas a nivel de producción de conocimiento y de opciones económicas, especialmente para regiones que las necesitan.
En paralelo, se comenzaron a otorgar permisos para grandes cultivos: algo entendible pensando en reactivar la economía. Pero la ausencia de alternativas para el cultivo personal genera un profundo desequilibrio
Pero la ausencia de alternativas claras para que las personas puedan cultivar para sí mismas o para terceros sin correr peligro hace que el desequilibrio sea la principal realidad.
Si bien el mejor horizonte es una regulación que saque definitivamente al cannabis de la ilegalidad y libere de la clandestinidad a quienes lo usan, los derechos ya proclamados deben ser garantizados.
El cannabis es una alternativa económica y también una alternativa de vida. Es clave recordarlo para que el desbalance no se profundice y siga generando más daños en la cotidianidad de miles de personas. Es claro. Y es lo justo.