Tal como habían adelantado desde el Ministerio de Producción, el Poder Ejecutivo Nacional presentará un proyecto para impulsar la industria del cannabis medicinal y el cáñamo. La pregunta es cómo es el plan que prepara el gobierno.
El anuncio lo hizo el propio Presidente Alberto Fernández durante su discurso de apertura de las 139° sesiones ordinarias del Congreso Nacional.
El proyecto oficial
Desde principios de febrero, Matías Kulfas, ministerio de Desarrollo Productivo, tomó las riendas de la regulación de la industria y se puso a redactar la iniciativa parlamentaria.
Esto sucedió luego que las diputadas Carolina Gaillard y Mara Brawer habían propuesto proyectos para sentar las bases jurídicas y productivas del cannabis medicinal y el cáñamo, respectivamente. Fue el propio Kulfas quien anunció la intención de legislar al cultivo, en un posteo que realizó en su cuenta de Twitter.
Según fuentes de la cartera productiva, en este momento se encuentran terminando la redacción definitiva del proyecto para que pueda empezar a ser tratado en las diferentes comisiones legislativas en abril, a más tardar, y comience su debate en el recinto.
Aunque son pocas las declaraciones oficiales, algunas fuentes aseguran que se crearía la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), encargada de entregar las licencias de producción y que funcionaría bajo la órbita de Jefatura de Gabinete.
En uno de los borradores del proyecto se define la ARICCAME como «el organismo competente para reglamentar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados».
Lo que que se conocen son borradores donde se buscar crear una agencia centralizada que otorgaría las licencias para producir cannabis medicinal y cáñamo
Según el mismo borrador la ARICCAME «tendrá a su cargo la regulación y fiscalización de la actividad productiva de la industria del cannabis de uso medicinal e industrial en el territorio nacional».
Es decir, se trataría de un órgano centralizador en todo lo referente a la producción, incluyendo las licencias para poder hacerlo.
Respecto a quienes tendrían la posibilidad de formar parte del proceso productivo, los borradores no ofrencen detalles pormenorizados. Lo cierto es que quien quiera hacerlo deberá contar con una autorización de la ARICCAME.
El avance encabezador por el Ministerio de Producción tiene límite claros. Su foco está puesto en generar las normas que permitan el desarrollo industrial del cannabis medicinal, que ya tiene su propia ley. Además suma el cáñamo, para el que habría que definir un propio marco regulatorio.
El enfoque es netamente productivo, acorde a la mirada del Ministerio encabezado por Kulfas. Nada de esto supone reformas en la ley penal, que sigue considerando que el cannabis es ilegal, y pena su tenencia y cultivo.
Economía en crecimiento
En un contexto de crisis económica que atraviesa el país hace años, para el Gobierno es clave es generar el ingreso de divisas, a partir de exportaciones, y nuevos puestos de trabajo.
“La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años”, aseguró ayer el Presidente Fernández ante la Asamblea Legislativa.
A partir de estas declaraciones, queda claro que tanto Fernández como el resto de los funcionarios son conscientes de la potencialidad económica que tiene el cannabis.
El gobierno nacional está al tanto de las posibilidades económicas del cannabis. Un caso a tener en cuenta es Colombia: un modelo que genera millones, pero que dejó al margen a los pequeños productores.
Para tomar dimensión, basta mirar lo que ocurre en Colombia. Allí, donde la producción de cannabis medicinal se reguló en 2016, el mercado parece no tener techo: según un informe de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis, las exportaciones para uso medicinal tuvieron un aumento del 1.363% durante 2020.
En total, la recaudación fue de unos US$ 4,5 millones. Pero otro documento elaborado por Fedesarrollo prevé que las ventas al exterior crezcan a ganancias superiores por US$ 2.700 millones para la próxima década, lo que superaría al comercio del cacao.
El gran problema del sistema colombiano es la incorporación de pequeños productores al sistema legal. Si bien los campesinos que conocen desde hace décadas el cultivo se han nucleado en cooperativas, tanto el mercado interno como el acceso a los mercados externos es sólo posible para grandes emprendimientos.
Argentina, teniendo en cuenta este tipos de experiencias con sus aciertos y errores, podría encontrar en el cannabis una verdadera alternativa de desarrollo. “Estimamos que, con la existencia de una ley, en los próximos meses tendríamos alrededor de 50 cultivos activos que generen unos 1.500 empleos formales”, aseguró Pablo Fazio, Presidente de la Cámara Argentina del Cannabis.
Un debate urgente
Desde la sociedad civil hay varios puntos críticos ante el desarrollo de los hechos. Primero, la falta de puesta en funcionamiento del Registro Nacional, indispensable para que se permita el cultivo personal, solidario y colectivo de cannabis medicinal. Se trata de un pendiente clave que mantiene un derecho en suspenso.
De hecho, días atrás algunas de las organizaciones que forman parte del Consejo Consultivo Honorario que asesora al Ministerio de Salud en la implementación de la nueva reglamentación iniciaron una acción colectiva para reunir firmas y pedir la puesta en marcha del Registro.
Otro de los puntos, tiene que ver con las dudas que genera el esquema productivo que propondría la ley. “Creemos que cualquier proyecto que sea tratado por nuestras y nuestros representantes debe considerar nuestra experiencia y nuestros saberes colectivos, así como los de miles de cultivadores y cultivadoras que durante décadas han aprendido a conocer la planta y han difundido generosamente estos conocimientos, arriesgando su libertad en este proceso”, sostiene un comunicado de la Ong Mamá Cultiva.
“Creemos que cualquier proyecto que sea tratado por nuestras y nuestros representantes debe considerar nuestra experiencia y nuestros saberes colectivos”, aseguran desde la Ong Mamá Cultiva
En ese sentido, lo que cada vez es más claro para las organizaciones de la sociedad civil es que un proyecto productivo que no incluya a los pequeños productores de cannabis sería, como mínimo, insuficiente.
El otro punto crítico es la falta de propuestas para avanzar en una regulación del cannabis que ponga fin a la ilegalidad de la planta para todos sus usos, incluyendo como derecho clave el autocultivo.
Durante el día de ayer, mientras se desarrollaban los diferentes discursos de apertura de sesiones ordinarias, tanto en CABA como en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, las organizaciones cannábicas se movilizaron bajo la consigna: “no más presos por plantar”.
“Exigimos que se implementen todas las acciones necesarias para terminar con la persecución, detención, allanamientos a los usuarios de cannabis y el cese de las causas de quienes hoy las sufren”, sostuvo Ana Daneri, del Frente de Agrupaciones Cannábicas Bonaerenses.