Durante la sesión ordinaria de mañana, los diputados bonaerenses podrían aprobar la ley que regulará el autocultivo para uso medicinal o terapéutico, la producción agropecuaria y la elaboración de los derivados del cannabis.
El proyecto fue enviado al parlamento por el Ejecutivo provincial a fines del año pasado. Y todo indica que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para que mañana se apruebe la iniciativa que el gobernador Axel Kicillof sigue de cerca.
En ese caso, el proyecto tendría media sanción y solo faltaría el visto bueno del Senado para que en todo el territorio bonaerense pueda cultivar cannabis, de momento, sólo con fines terapéuticos.
El proyecto
El proyecto prevé la creación de la Agencia Provincial de Cannabis, que se trataría de un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y que otorgaría las licencias de cultivo, tanto personales como las productivas.
El objetivo del gobierno bonaerense es tomar la iniciativa, creando la Agencia Provincial de Cannabis (APC), un órgano autárquico que administre todas los aspectos vinculados al cannabis.
El objetivo del gobierno bonaerense es tomar la iniciativa, creando la Agencia Provincial de Cannabis (APC), un órgano autárquico que administre todas los aspectos vinculados al cannabis
Se trata de una fuerte decisión política: que el Estado se involucre de lleno en regular las diferentes actividades relacionadas a la planta.
Además, se impulsa la adhesión a ley nacional sobre Cannabis Medicinal e incorpora otros usos que la normativa federal no incluye, como los veterinarios.
Qué funciones tendría la APC
Según el proyecto, la APC será un ente autárquico que dependerá directamente del Ministerio de Gobierno de la provincia. El fin es que actué como el órgano rector de la ley 14924, la que sancionó el parlamento provincial para adherir a la ley nacional de cannabis medicinal.
En ese sentido, la APC se encargaría de gestionar «todas y cada una de las autorizaciones y convenios que fueran necesarios para realizar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la promoción, cultivo, investigación, producción, industrialización, importación y exportación de la planta de cannabis y sus derivados».
La agencia daría las licencias para cultivos personales y también industriales, regulando desde la siembra hasta la posible exportación de cannabis con fines medicinales
La APC sería la autoridad competente para el desarrollo de los procesos productivos de cannabis medicinal de calidad verificada, pudiendo efectuar convenios tanto en el ámbito público como privado. La agencia estaría involucrada en todos los convenios que se generen entre diferentes entidades dentro de la provincia.
La idea de que la agencia esté al frente del desarrollo es firme, un ejemplo claro es que el proyecto propone la creación de un banco de semillas provincial.
Registro provincial
En el ámbito de la APC se creará el Registro Provincial de Cannabis de la Provincia de Buenos Aires. En él podrán inscribirse todas las personas que convivan con una patología o afección para las que un profesional de la salud haya indicado el uso de cannabis.
El Registro provincial se homologaría con el Reprocann, su versión a nivel nacional. Quienes cultiven para si mismos, los cultivadores solidario y los cultivos colectivos, deberán inscribirse en el Registro. También deberán hacerlo los profesionales de la salud que prescriban cannabis.
El Registro provincial se homologaría con el Reprocann, su versión a nivel nacional. Quienes cultiven para si mismos, los cultivadores solidario y los cultivos colectivos, deberán inscribirse
Quienes no cultiven, podrán hacerlo voluntariamente y a partir de ahí poder acceder al cannabis que necesitan. Además, el proyecto incorpora «la modalidad terapéutica con Aceite de cannabis o sus derivados» al Sistema de Salud Pública provincial y a todos los que brinden servicios y cobertura de salud en territorio bonaerense.
Todas las personas y organizaciones que se inscriban en ese Registro quedarían exceptuadas de las penalidades previstas por la ley de drogas (23.737).
El Registro, aclara el proyecto, deberá garantizar la confidencialidad de datos personales y establecerá también guías de asistencia y tratamiento, además de ocuparse activamente de que las personas inscriptas puedan acceder a su cannabis.
Si una persona humana o jurídica participa de alguna de las etapas vinculadas a la producción de cannabis medicinal (cultivo, producción, comercialización, distribución o prescripción médica) deberá incribirse en el registro.
Producción
El proyecto tiene también una fuerte impronta productiva. La APC se encargaría de desarrollar todo un sistema de licencias para todas y cada una de las acciones de la cadena de producción ligada al cannabis: desde la siembra hasta la importación.
Por eso, el plan supone que en el Registro también deberán inscribirse laboratorios, droguerías y farmacias.
Según el proyecto, esto buscará garantizar la calidad de los productos de cannabis que eventualmente se comercialicen o formen parte del sistema de salud público, independientemente de los cultivos personales.
La ley tendría también una marca intención de favorecer la economía provincial. La APC deberá «velar en todo momento por los intereses de la Provincia, dándole exclusiva preferencia de autorización, certificación, habilitación y/o contratación a los oferentes radicados en la Provincia de Buenos Aires, limitando la participación de aquellas entidades públicas y/o privadas mixtas extranjeras, las que individual o colectivamente deberán estar establecidas y radicadas en la Provincia».
Según el proyecto, la Agencia deberá “velar en todo momento por los intereses de la Provincia, dándole exclusiva preferencia de autorización, certificación, habilitación y/o contratación a los oferentes radicados en la Provincia de Buenos Aires”
Al mismo tiempo, el proyecto contempla modos de producción a menor escala. Para eso la APC deberá «diseñar y promover la implementación de un sistema provincial de pequeños y medianos cultivadores y productores de cannabis».
Y subraya la atención puesta en generar toda una industria. Para ello la APC se ocupará de «promover la industrialización de a planta de cannabis, sus preliminares, simientes, derivados y accesorios con fines medicinales y/o terapéuticos».
Sociedad civil
El proyecto propone crear una herramienta novedosa: el Programa de Cultivo Solidario. Según el texto «será desarrollado con la participación de las organizaciones civiles con objeto en la materia […] a fines de otorgar a debida capacitación y colaboración a los pacientes que obtengan la autorización para el cultivo».
Desde ese programa «se deberá promover la implementación de políticas públicas que tiendan a generar vínculos de acciones concretas que permitan fomentar el diálogo permanente y una relación amable entre los funcionarios y la comunidad cannábica».
Desde la Agencia se debaría ” fomentar el diálogo permanente y una relación amable entre los funcionarios y la comunidad cannábica”, sostiene el proyecto
Además, en el artículo que propone la creación de un Consejo Asesor de la APC, se aclara que los funcionarios de las distintas carteras ministeriales podrán consultar en temas específicos a asociaciones civiles que trabajan en torno al cannabis, además de universidades, investigadores y municipios.
Ley penal
Además de que la inscripción en el Registro Provincial exceptuaría a las personas de ser imputadas por delitos vinculados a la ley penal, el proyecto da un paso más allá en separar la nueva legislación de la vieja ley de drogas que aún sigue vigente.
En su artículo 14 el proyecto establece sanciones administrativas y económicas, ya no penales. Toda transgresión a los establecido en la ley y su reglamentación, será sancionado con: apercibimientos, multas, clausuras y decomisos.
El proyecto establece sanciones administrativas y económicas, ya no penales. Toda transgresión a los establecido en la ley y su reglamentación, será sancionado con: apercibimientos, multas, clausuras y decomisos.
En este último caso, el cannabis y sus derivados «deberán ser entregados a un establecimiento hospitalario oficial para su farmacia en forma gratuita, previa verificación de su calidad»
La votación
El proyecto que pasó por las comisiones de Salud Pública, Asuntos Constitucionales y Justicia, Legislación General y Presupuestos e Impuestos obtuvo un dictamen de mayoría y otro de minoría. Es decir, hay diferenciasde criterio.
Se debe a que la oposición exigió algunas modificaciones a la iniciativa y, en caso de no incluirlas, no acompañará con sus votos en diputados ni en senadores.
En ese caso, el Frente de Todos podrá lograr la media sanción con sus propios diputados. Sin embargo, para que el proyecto se convierta en ley, el oficialismo deberá lograr un consenso con Juntos por el Cambio.
El Frente de Todos podrá lograr la media sanción con sus propios diputados. Sin embargo, para que el proyecto se convierta en ley, el oficialismo deberá lograr un consenso con Juntos por el Cambio
La discusión de fondo no tiene que ver con algo puntual: si el nuevo ente estatal será una agencia, como lo plantea el proyecto, o un instituto autárquico como propone la oposición.
“El órgano administrador debería ser un instituto autárquico, donde participen representantes de las universidades, de la oposición parlamentaria y las asociaciones civiles”, le cuenta a THC el diputado de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky.
Si bien su espacio reclama “un mejor diseño de la trazabilidad de las semillas, darle participación a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), algún tipo de estabilidad fiscal para dar seguridad jurídica a los inversores y otorgarles facultades a los municipios” para que decidan si quieren producir cannabis.
“No veo que haya un motivo para pensar que la ley no salga”, responde Matías Molle, diputado bonaerense del Frente de Todos y uno de los encargados de la tarea legislativa del proyecto.
“El texto final todavía no se cerró”, le dice Molle a la THC sobre las posibilidades de negociación que aún se mantienen abiertas. “Si no sale en la sesión, hay tiempo de trabajarlo en el Senado”, asegura.
Molle dice que “lo importante es que haya un organismo con capacidad política y que lleve adelante la tarea. La diferencia es mínima, ellos -por Juntos por el Cambio- proponen algo colegiado. Pero esto no ayudaría al dinamismo que necesita este organismo de regulación”.
Agencia o Instituto, una diferencia de fondo
En cuánto al principal punto de discordia, si agencia o instituto, la defensora pública de la provincia de Buenos Aires, Victoria Baca Paunero, asegura que “así cómo está en el proyecto de ley, la agencia tiene todos los mismos controles que tiene el gobernador”, por eso cambiar la jerarquía a esa entidad, “podría reducir los controles, cuando en realidad es ideal que sea la agencia con la mayor cantidad de controles posibles”.
La cosecuencia concreta, explica Baca Paunero, es que reducir la Agencia a Instituto no le permitiría a la nueva entedad estatal poner punto final a una zona llena de grises, más en un contexto donde el cannabis continúa siendo ilegal salvo la excepción medicinal.
“Hoy puede existir un magistrado que te manda preso por cultivar, otro que te devuelva la planta y un tercero que te admita un amparo por aceite medicinal”, detalla.
Por eso, para Baca Paunero la importancia que exista un organismo específico para la regulación del cannabis como una Agencia es que “va a producir reglas claras para que las personas entiendan qué se puede y qué no”.
“Institucionalmente, todos los lugares que no son protagonizados por organismos estatales no penales, son ocupados por agencias penales”, profundiza la Defensora.
“En tanto exista una entidad estatal para generar una política pública clara en esta materia, no va a estar la política criminal que ocupe todos esos espacios”, concluye Baca Paunero.