Miembros de la agrupación Ciencia Sativa, integrante del Consejo Consultivo de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, vivieron un episodio en Río Negro que deja en evidencia las contradicciones del Estado en política de drogas.
Fueron a trabajar con el INTA Alto Valle junto a funcionarios del Ministerio de Agroindustria de Río Negro y del Instituto Nacional de la Semilla (INASE) para avanzar en un cultivo de cannabis y en el regreso a sus casas, Gendarmería los demoró en Senillosa, Neuquén, por portar unos pocos gramos de cogollos.
Lo insólito
“Estuvimos demorados más de 3 horas por Gendarmería, donde nos hicieron un acta por tener 4 a 6 gramos de cannabis que eran para consumo personal”, contó Gabriela Calzolari, integrante de Ciencia Sativa, en conversación con Revista THC.
“También realizaron un narcotest de la sustancia, dio positivo cannabis, hicieron un pesaje con una balanza vieja que tampoco andaba bien. Luego de eso, nos hicieron firmar el acta de libertad y eso lo van a enviar al juzgado de Neuquén”, detalló Calzolari, quien también es bióloga.
“Estuvimos demorados más de 3 horas por Gendarmería, donde nos hicieron un acta por tener 4 a 6 gramos de cannabis. Esto visibiliza la importancia de una regulación integra”, dijeron desde Ciencia Sativa
Además de Gabriela, demoraron a otros dos integrantes de la agrupación Ciencia en Senillosa: Santiago Juárez y Roxana Aguirre. “Más allá de este hecho puntual, queremos visibilizar la importancia de una regulación integral. Por más que estemos en un buen camino con la ley medicinal, falta mucho por hacer”, remarcó Calzolari.
“Tenemos una ley que nos sigue criminalizando y persiguiendo. Estas cosas hipócritas que pasan en Argentina en relación a la regulación del cannabis no pueden seguir pasando”, sostuvo.
Doble estándar
Esta ambigüedad se produce por la convivencia de dos lógicas. Por un lado, la Ley Nacional de Cannais Medicinal a partir de su nueva reglamentación permite a las personas inscriptas en el REPROCANN el cultivo, la tenencia y el transporte de cannabis.
Por otra parte, la la Ley de Drogas (23.737) sigue penando todas las conductas vinculadas al cannabis, desde la tenencia de una semilla hasta su cultivo con penas que pueden llegar a los 15 años de prisión.
El caso de Calzolari, Aguirre y Juárez lo pone brutalmente en evidencia. Los tres forman parte de un proyecto de cultivo de cannabis medicinal que vincula a la organización civil con el INTA. Sin embargo, en la ruta los gendarmes impusieron la Ley de Drogas vigente.
“Fuimos a trabajar justamente para avanzar en el cultivo de cannabis en nuestro país y para el desarrollo de esta nueva industria y fuimos demorados por horas esperando que los gendarmes hagan su tarea”, explicó Calzolari.
En uno de los videos que circuló en las redes, los integrantes de Ciencia Sativa hablaron de esta “incongruencia” del Estado.
“Tenemos una ley que habilita a ciertas personas a investigar, a plantar cannabis de manera legal con el Estado de alguna manera presente; y por otro lado, el propio Estado nos criminaliza y nos persigue”, señalaron las cultivadoras
“Tenemos una ley que habilita a ciertas personas a investigar, a plantar cannabis de manera legal con el Estado de alguna manera presente; y por otro lado, el propio Estado nos criminaliza y nos persigue por módicas cantidad de cannabis sin ocuparse de lo que realmente se debe ocupar que es el narcotráfico”, señalaron en el video de Instagram.
Capacitar a las fuerzas
Santiago Juárez fue otro de los demorados que habló de la importancia de capacitar a las fuerzas de seguridad a partir de las nuevas leyes.
“Es una injusticia bárbara: el mismo Estado que nos convoca, nos detiene. Tenemos que trabajar en capacitaciones a las fuerzas de seguridad, pero cuesta que las órdenes bajen de arriba”, sostuvo Juarez.
“Tenemos que trabajar en capacitaciones a las fuerzas de seguridad, pero cuesta que las órdenes bajen de arriba”, sostuvo Santiago Juarez, otra de las personas demoradas
“Por más que la Ministra de Seguridad de la Nación se haya expresado a favor de la regulación del cannabis, las fuerzas que dependen de ella siguen incautando y desperdiciando recursos del Estado por unos pocos gramos de cannabis”, concluyó.
Entre una de las principales preocupaciones de la sociedad civil está el rol que cumplirán las fuerzas de seguridad respecto al REPROCANN.
Una posibilidad es mantenerlas totalmente al margen de los controles que enventualmente puedan realizarse, como hasta el momento ocurre en Uruguay, donde las inspecciones son de carácter administrativo y de las que no participa ninguna fuerza de seguridad.