Danilo Venegas, un cultivador solidario y usuario terapéutico de la ciudad de Allen, Río Negro, vivió un momento desesperante junto a su familia que deja en evidencia los problemas de implementación de normativas y grises en torno al cannabis.
A pesar de estar debidamente inscripto en el Registro del Programa de Cannabis (ReProCann) del Ministerio de Salud de la Nación, luego de la denuncia anónima de un vecino la policía allanó su casa en la que cultiva para su abuelo.
A partir de la orden la emitió el juez federal Hugo Greca, la policía no solo arrancó 7 plantas florecidas, sino que además le destruyeron el espacio de cultivo por completo. Danilo no fue detenido, pero sí quedó imputado por infracción a la ley de drogas.
La orden la emitió el juez federal Hugo Greca: la policía arrancó 7 plantas florecidas y destruyó el espacio de cultivo por completo. Danilo no fue detenido, pero sí quedó imputado por infracción a la ley de drogas.
La indignación e impotencia de Danilo y su familia es gigante, porque por un lado el Estado acompaña y por otro, estigmatiza, criminaliza y castiga.
“Ahora tengo una sensación de miedo por un montón de cosas, expusieron a mi familia”, nos cuenta Danilo. “Yo no tengo nada que ver con narcotráfico, cultivo hace años, no tengo antecedentes y tenía autorización para cultivar”, explica.
Grises oscuros
“Confió a pleno en el Registro, es lo más seguro que hay”, asegura Danilo. “De hecho, no estoy detenido justamente por estar inscripto ReProCann, esto que pasó es un problema de la Justicia y espero que sirva para no lo hagan más”.
El caso de Danilo también habla de la necesidad de capacitar a las fuerzas de seguridad con respecto a la ley de Cannabis Medicinal y el derecho a cultivar asegurado a partir de su nueva reglamentación.
“Es indignante porque me rompieron todo el invernadero. No rompieron la puerta cuando empezó el operativo, pero sí entraron gritando, apuntándome con armas y les dije que tenía la autorización del ReProCann para cultivar”, cuenta.
“Confío a pleno en el Registro”, asegura Danilo. “De hecho, no estoy detenido justamente por estar inscripto ReProCann, esto que pasó es un problema de la Justicia y espero que sirva para no lo hagan más”.
Sin embargo, lo tiraron al piso, le pisaron la cabeza, lo esposaron y no le permitieron ver nada del procedimiento.
“Yo me ofrecí a sacar las plantas prolijamente para que no se rompan, pero no me dejaron. Incluso me sacaron a la vereda para que toda la gente me vea, los medios locales me grabaron esposado y les dije, ‘me están cagando la vida”, repasa Danilo.
Además de cultivar para la artrosis de su abuelo, Danilo posee la recomendación médica para el uso del cannabis y sus derivados por sus ataques de pánico. Durante el procedimiento, el joven de 25 años tuvo una crisis nerviosa e intentó tomar aceite, pero la policía no se lo permitió.
“Yo tengo pánico y la pasé muy mal en el operativo. Tenía taquicardia, me tuvieron que dar un calmante porque la policía no me dejó tomar aceite. No sabía que iba a pasar conmigo porque estaba esposado”, recuerda.
Estaba pensando en todo lo que podía pasar si era detenido, todo eso pasaba por mi cabeza sin ser un delincuente. La gente pierde trabajos por este tipo de cosas y se expone a toda la familia. A mí me dejó muy mal”, afirma el joven de la ciudad de Allen.
Camino de defensa
Después del allanamiento, Danilo presentó junto a su defensa un pedido exigiendo la restitución de las plantas.
“No se si van a servir del todo las plantas por el momento de floración que tenían, pero quiero que me devuelvan todo. También las cosas del indoor que secuestraron, el alcohol tridestilado y otras cosas porque lo que no rompieron, se lo llevaron. Lo que no me secuestraron fue el teléfono, solo buscaban las plantas”, remarca Danilo.
La falta de conocimiento repecto a las nuevas normas y las viejas prácticas de la propia Justicia y las fuerzas de seguridad comenzaron a quedar en evidencia en los últimos meses.
Después del allanamiento, Danilo presentó junto a su defensa un pedido para la restitución de las plantas. “No se si van a servir del todo las plantas por el momento de floración que tenían, pero quiero que me devuelvan todo”.
Días atrás, en Comodoro Rivadavia un cultivador inscripto en el ReProCann, ante una denuncia anónima, pudo conservar sus plantas de cannabis por estar registrado en el ReProCann.
Incluso e a principios de abril, otro cultivador inscripto en el registro de la localidad rionegrina de San Antonio Oeste – las Grutas, denunció el robo de su cultivo y la policía inició una búsqueda de las plantas. Jamás le iniciaron una causa.
Alarma general
El caso de Danilo encendió una alarma. Desde el Consejo Consultivo Honorario, donde se reunen las distintas organizaciones que asesoran al Ministerio de Salud en la implementación de la Ley de Cannabis Medicinal, tomaron dos medidas.
Primero, lanzaron un formulario de adhesión para repudiar el allanamiento en Allen y a los días del episodio, un comunicado oficial con la firma de todas las agrupaciones de la Argentina.
Esto dice el comunicado del Consejo Consultivo:
“Las Organizaciones e Instituciones abajo firmantes queremos expresar nuestra preocupación y repudio a lo ocurrido ayer en la ciudad de Allen, Río Negro, donde la vivienda de una persona inscripta correctamente al Registro del Programa de Cannabis (ReProCann) del Ministerio de Salud de la Nación fue allanada con orden judicial. Como consecuencia del operativo policial, fueron arrancadas siete plantas florecidas destinadas a un adulto mayor, de 90 años, y se destruyó el espacio de cultivo.
Según refiere el nieto de la persona damnificada, quien gestionaba este cultivo legal y se encontraba en el lugar, le exhibió el certificado vigente y aprobado del ReProCann al jefe de la División Unidad Operativa de la Policía Federal Argentina, quien ignoraba la existencia del registro y se comunicó telefónicamente con el juzgado federal a cargo de Hugo Horacio Greca aguardando órdenes. Pese a tener conocimiento de dicho certificado, desde esa dependencia judicial se decidió dejar en libertad a las personas que estaban en la vivienda y secuestrar las plantas, que fueron trasladadas en cajas de cartón.
Exigimos la devolución inmediata de todo el material incautado, con la esperanza de que aún sirvan para mejorar el estado de salud de la persona damnificada. Sostenemos que desde el juzgado interviniente se lesionaron gravemente sus derechos y es imperioso que haya algún acto de reparación y restitución económica, más allá de las acciones legales que pueda iniciar la persona damnificada contra el Estado si así lo considera.
Nos parece necesaria la articulación entre las distintas dependencias del Estado involucradas y la capacitación urgente tanto de las fuerzas de seguridad como del sistema de administración de justicia para poder acceder sin temores fundados a los mecanismos creados por la ley 27.350 y su nueva reglamentación. El ReProCann marcó en este 2021 el inicio de un nuevo paradigma sobre el uso de cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos del dolor, sin embargo, se sigue persiguiendo y estigmatizando a las personas usuarias y cultivadoras solidarias, en un claro retroceso de esta ampliación de derechos”.