El centro porteño está repleto de edificios que albergan oficinas; muchas ellas pertenecen al Estado. Allí dentro, todos los días trabajan personas que realizan tareas claves para la sociedad en instituciones que poco se conocen. Una de estas moles de cemento es el Instituto Nacional de Semillas (INASE), un organismo público que este año cumplirá 30 años de funcionamiento y que es central para todos los productos de origen vegetal que se comercializan en el país.
“El INASE es un organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que tiene el objetivo central de controlar el comercio y la calidad de las semillas de los distintos cultivos de la Argentina”, dice Gabriel Giménez, Director Nacional de Articulación Federal del INASE, quien abre la ventana de su oficina hacia la avenida Belgrano al 400 y se pone su barbijo para conversar con THC.
La última resolución conjunta firmada con el ministerio de Salud es un cambio de paradigma y hace que la semilla nacional pueda registrarse, y que los proyectos, tanto de investigación como de producción aprobados, puedan acceder a una variedad nacional.
“En ese sentido, velamos por una semilla de calidad y certificada”, define Gimenez, una persona que se formó profesionalmente en el Estado. Estuvo en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), también en el Ministerio de Desarrollo Social y, el Senado de la Nación, como asesor de la representante por Santa Fé María de los Ángeles Sacnun. Giménez centró su atención en las economías regionales de los pequeños y medianos productores.
Si bien el INASE es una institución que tiene un vasto desarrollo en los cultivos intensivos como el trigo o la papa, Giménez es uno de los líderes dentro de la institución estatal, junto al Presidente Joaquín Serrano y al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, que avanza en la regulación de la semilla del cannabis.
¿Cuál es el rol que ocupa el INASE dentro de las políticas relacionadas al cannabis?
Claramente, el cannabis es una planta más que es parte de los cultivos. El ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene un rol dentro de la Ley de Cannabis Medicinal, y en ese sentido lo que hace el INASE es cumplir el objetivo central que se cumpla la trazabilidad. La última resolución conjunta firmada con el ministerio de Salud es un cambio de paradigma y hace que la semilla nacional pueda registrarse, y que los proyectos, tanto de investigación como de producción aprobados, puedan acceder a una variedad nacional. Es un avance en todo sentido y hay un equipo muy comprometido, desde el ministro Basterra, el presidente del INASE, Joaquín Serrano. Pero también la gente de este Instituto, muy capacitados técnicamente y con sensibilidad hacia las necesidades de la sociedad, como Laura Villamayor, Mariano Podworny, Juan Etchegaray, Mariano Mangieri y Guillermo Correa Tedesco.
¿Qué falta para que se abra el registro de semillas nacionales?
El Registro Nacional de Cultivares y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares están abiertos ya que forman parte de la Ley de Semillas y son la herramienta para inscribir variedades vegetales de casi todas las especies, sean nacionales o no. Hasta la entrada en vigencia de la resolución conjunta con el Ministerio de Salud no era posible registrar variedades de cannabis para uso medicinal. A partir de su firma se habilita la inscripción de material extrajero y de germoplasma nacional. Antes de la inscripción en INASE hay que gestionar la autorización del Ministerio de Salud para adecuar el proyecto a la Ley 27.350.
Los trámites de inscripción ya arrancaron, asegura Giménez. “Hay ONGs como Ciencia Sativa, hay PyMES como Pampa Hemp, la Biofábrica de Misiones, y también el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Pergamino”.
¿Cuál es la diferencia los registros de Cultivares y de Propiedad de cultivares?
En el Registro Nacional de Cultivares se registra la variedad, que permite su comercialización en Argentina. Particularmente para el cannabis el comercio sólo puede ser con fin medicinal. No puede comercializarse para fines industriales o recreativos. Y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares protege la investigación que realizó la persona que la inscribe y le otorga el derecho de obtentor [quien ha desarrollado una variedad vegetal].
¿Hay personas o entidades que ya avanzaron en el trámite?
Sí, empezaron a encaminarse algunos. Es interesante lo que ha aparecido, porque hay ONGs como Ciencia Sativa, hay PyMES como Pampa Hemp, la Biofábrica de Misiones, y también el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Pergamino. También hay muchas universidades que están muy movilizadas e investigando. De hecho, vamos a formar un consejo consultivo con las casas de estudio para avanzar en los cultivos, mediante una resolución interna.
“El cultivo de cannabis es una posibilidad concreta de sustitución de importaciones en el desarrollo productivo”, asegura Giménez.
Según la resolución, para comprar legalmente semillas previamente hay que estar inscripto en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), ¿Cuándo comenzaría la primera comercialización?
Estaría habilitada cuando se termine el registro en el INASE.
¿Cuáles van a ser los canales de venta?
Se está avanzando en normativas para resolverlo.
La recientemente creada Asociación Argentina para la Producción, Crianza e Investigación de la Semilla de Cannabis manifiesta que si en la actualidad los “breeder” registran su genética en el INASE estarían corriendo el riesgo de ser criminalizados porque su actividad continúa siendo considerada un delito. Entonces, ¿cómo hacer para integrarlos?
Justamente, la resolución es una regularización de esta actividad. Antes no podían decir que tenían un desarrollo de una genética de siete años porque iban presos. Un breeder no tiene riesgo de ser perseguido. Lo que no puede hacer es comercializar, a menos que sea en convenio con un proyecto. Puede producir a la escala de su proyecto.
¿Hay algún impedimento, por la propiedad intelectual, en registrar una genética que es producto de la cruza de dos variedades provenientes de bancos de semillas?
[Para responder la pregunta, Giménez llama a uno de sus técnicos de confianza: Mariano Podworny] Para hacer mejoramiento genético no se necesita la autorización del obtentor. Además, la propiedad es territorial. Alguien puede tener la propiedad de una variedad que posee en el extranjero y, justamente, la propiedad vale en ese país.
Hay planes para la creación de un banco de semillas nacional, ¿cuál es su importancia?
Es un concepto de soberanía porque potencia la industria y la investigación nacional. En el mercado interno hay origen genético nacional y se encara con los organismos como Conicet, Ministerio de Salud, instituciones privadas el avance en la investigación de enfermedades que necesitan nuevas variedades para tratarse adecuadamente. El objetivo nuestro es como dice el doctor Marcelo Morante en su libro Sin Dolor: “Hay que sacar el dolor, porque las enfermedades no esperan”. Si lo ponemos en la legalidad, seguramente tendremos más oportunidades de contemplar las posibilidades de la última reglamentación que dice que todos los argentinos tienen el derecho de acceder al a cannabis medicinal.
A diferencia de escenarios como Estados Unidos con fuerte autonomía privada, en Argentina se estaría dando un proceso con presencia estatal y lugar tanta para actores públicos como privados, ¿están tomando como referencia la experiencia de algún país?
La experiencia uruguaya es un modelo para América Latina. Pero en Argentina tenemos que tener una identidad propia, a partir de un modelo de desarrollo productivo que debe ser heterogéneo, con dimensión nacional, que genere empleo y arraigo. El cultivo de cannabis es una posibilidad concreta de sustitución de importaciones en el desarrollo productivo.
“La posibilidad que el Estado regule el acceso al cannabis medicinal es una manera de avanzar en el desarrollo productivo, no solamente con los pequeños y medianos productores del campo, sino también con los desarrolladores de semillas, los breeders”
¿Cuáles son esas posibilidades?
Empleo con equidad de género, potencial sobre los jóvenes, potenciar la economía circular, en la biodiversidad y potencial en los bioinsumos. La posibilidad que el Estado regule el acceso al cannabis medicinal es una manera también de avanzar en el desarrollo productivo, no solamente con los pequeños y medianos productores del campo, sino también con los desarrolladores de semillas, los breeders. Hay germoplasma nacional y también variedades nativas que hay que recuperar, como el Epuyén y el Punto Rojo de Misiones.
¿Qué cambios estructurales hacen falta todavía dentro del Estado con respecto al cannabis?
¡Un montón! El cambio paradigmático y que rompió el esquema fue la última resolución con el Ministerio de Salud. Por lo pronto, se abre la posibilidad de una industria nacional. Hay un prejuicio que va desapareciendo y va ganando más espacio la idea de que el cannabis es una planta, como cualquier otra, que da posibilidades para la salud. Por eso es importante la investigación; por eso es importante la semilla. Los prejuicios se chocan con la realidad: lentamente se va dejando de lado esa idea prohibicionista que persigue, criminaliza y castiga. Esta planta tiene un gran potencial asociado a cuestiones de salud y una posibilidad de desarrollo productivo y en investigación.
En términos más personales, ¿por qué decidiste tomar esta posición respecto al cannabis?
Todos tenemos una historia de dolor en la familia que nos conmueve. Todos los relatos son parecidos, casi calcados cada vez que nos encontramos con alguna persona que usó cannabis. En algún momento, uno tenía que correrse de las cuestiones individuales para poner en lo colectivo. En Argentina tenemos historias increíbles: Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Mamá Cultiva. Tenemos un Estado que empuja una política de derecho al acceso a la salud. Lo dice la Constitución: hay que garantizar la salud de todos y todas. El aceite de cannabis es una posibilidad concreta.