A pesar del pedido de nulidad por las irregularidades denunciadas por las familias y el pedido de excarcelación, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías confirmó las prisiones preventivas para los 14 jóvenes de la localidad bonaerense de Puán.
Los chicos ya llevan seis meses en el penal. Fueron detenidos en diciembre de 2020 por orden del juez Guillermo Mércuri, en el marco de lo que el ministro Sergio Berni calificó como un “megaoperativo antidrogas”.
En los allanamientos intervinieron más de 200 efectivos y el supuesto objetivo era una “peligrosa banda”. Lo cierto es que se trata de jóvenes usuarios y cultivadores de cannabis.
Otro revés
Las familias de los jóvenes detenidos en la Unidad N° 4 de Villa Floresta de Bahía Blanca se movilizaron desde el primer día para pedir por la libertad de sus chicos. Manifestaciones en las plazas, marchas y hasta conferencias de prensa para denunciar graves irregularidades en la causa.
¿Cuáles irregularidades? La principal: Que la Policía Bonaerense habría falsificado el testimonio que dio inicio a las tareas de investigación.
Los 14 jóvenes de Puán fueron detenidos en un megaoperativo y se los consideró oficialmente como una banda narco. Llevan 6 meses detenidos en un penal y la Justicia ratificó la prisión preventiva
La fuerza de seguridad aseguró que el joven Kevin Torres habría sido el testigo clave para desbaratar la banda narco. Sin embargo, cuando Torres se enteró que su nombre figuraba en la causa como denunciante, se presentó en los Tribunales de Bahía Blanca para aclarar que nunca había realizado esas declaraciones.
También denunció el hostigamiento por parte de algunos policías locales. Sin embargo, la Justicia no tomó en consideración la declaración y denuncias de Torres.
La noticia sobre la confirmación de la prisión preventiva a los 14 detenidos se dio la semana pasada. Del mismo modo, se rechazó el pedido de nulidad de la causa por parte de la defensa que buscaba probar la existencia de una causa armada.
“Las primeras horas fueron de angustia e impotencia, pero con el correr de los días estos sentimientos se fueron transformando en bronca, bronca y más bronca”, contó Fabiana Herrero, mamá de Nicolás Lupín [foto], en conversación con THC.
La bronca de muchas familias de Puán, según expresó Fabiana, crece porque “mientras desde el Gobierno nacional se anuncian aperturas de registros para cannabicultores para uso medicinal y se presentan proyectos para permitir que empresarios interesados en invertir, comiencen a producir y acumular ganancias, los chicos continúan presos. Y a lo largo y ancho del país, miles de personas siguen siendo perseguidas y judicializadas por ser usuarios del cannabis”.
Seguir buscando Justicia
A pesar de los reveses de la justicia, en Puan seguirán luchando para que se esclarezca esta causa viciada de irregularidades: “Yo me pregunto ¿por qué mi hijo tiene que pagar con su libertad por una batalla que libran los poderosos? ¿Cuándo los legisladores, electos por el pueblo, van a sentarse a debatir y modificar la retrograda ley de estupefacientes?”, se preguntó la mamá de uno de los detenidos.
El caso de Puan es otro ejemplo de que el Estado invierte una enorme cantidad de recursos en perseguir a usuarios y cultivadores.
Los mismos datos del anterior relevamiento generado por el Ministerio de Seguridad lo confirman: el 93% de las incautaciones de marihuana en 2019 estuvieron relacionadas a personas que consumen y a actores vinculados al narcomenudeo.
De esa realidad, expuesta también por jueces bonaerenses, tomó nota el propio Ministerio de Seguridad bonaerense. en estos días circuló un documento interno que pide a los jefes policiales evitar “procedimientos improductivos” en lo que respecta a las personas protegidas por el Registro Nacional para cultivo medicinal.
De ese derecho a no ser perseguidos y encausados siguen privados miles de cultivadores y usuarios en todo el país. El caso de Puán es una evidencia clara de que los grises pueden tener altos costos humanos.