En todo el mundo, el trabajo de las organizaciones sociales es una de las claves para lograr avances legislativos en relación al cannabis. Y Argentina no es la excepción.
En el caso argentino, además de la permanente movilización y debate, muchas asociaciones civiles lograron ser protagonistas a partir del impulso y creación de espacios donde se transforman en interlocutoras del Estado: los Consejos Consultivos Honorarios (CCH).
Se trata de mesas que reúnen diferentes actores que proponen avances en el marco de la regulación del cannabis medicinal.
A lo largo y ancho de Argentina hay distintos CCH. Están integrados por organizaciones no gubernamentales, autoridades sanitarias, sociedades científicas y organismos públicos.
El trabajo que los CCH llevan adelante es fundamental para lograr normas a nivel nacional, provincial y municipal, además de asegurar que se pongan en práctica.
En el ámbito nacional existe un CCH que en julio del año pasado se reunió por primera vez para analizar el primer borrador de la nueva reglamentación de la ley nacional de Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados.
Este decreto consagró el derecho del autocultivo, cultivo solidario y cultivo en red para fines medicinales, terapéuticos y paliativos del dolor.
Con el impulso del CCH se dictó la nueva reglamentación de la ley, a través del decreto 883/2020. Del mismo participan organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones del país, así como organizaciones de madres y usuarios de cannabis con fines terapéuticos.
También lo integran organismos estatales como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Consejo Interuniversitario (CIN), la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), la Comisión Nacional de evaluación de Tecnologías en Salud (CONETEC) y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Consejo Consultivo Honorario nacional
Todos los viernes, el CCH de la ley nacional se reúne. “Siempre nos juntamos Mamá Cultiva Argentina, Cannabis Medicinal Río Negro, Ciencia Sativa Bariloche y AUPAC Rosario (Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis)”, explica la fundadora y presidente de Mamá Cultiva, Valeria Salech.
Para Salech, lo más importante que lograron hasta ahora es “acercar la mirada de las organizaciones y de los usuarios, y acelerar y mejorar cuestiones vinculadas con la implementación de la legislación”.
Pero no todo es “color de rosa”, también hay momentos complejos que enfrentan. “Existen trabas que tienen que ver con las diferencias entre los plazos del sistema y las urgencias de una sociedad que, más consciente de sus derechos, le apremia entrar en la legalidad”, detalla.
Esas complicaciones son consecuencia de la compleja burocracia estatal. Sobre este punto, sostiene que “si bien el Estado nos abre sus puertas, todavía pone en evidencia las diferencias que tiene con las organizaciones que gestionamos en territorio y con más celeridad”.
Pese a la pandemia, el CCH nacional sigue pensando nuevos proyectos. La urgencia que tiene es modificar el consentimiento informado que entienden que tiene una “mirada punitivista hacia la planta y se puede mejorar”. Para lograr esta modificación, el CCH hizo una propuesta que está siendo evaluada por el Ministerio de Salud.
De hecho, el activismo fue clave en la aclaración del Anexo II de la Ley de Cannabis Medicinal. Las autoridades sanitarias habían emitido una resolución en la que se detallaba la cantidad permitida de plantas a cultivarse y sus condiciones.
En este último se generó una confusión porque el documento decía que “en el exterior no estará permitido cultivar”. Esto generó preocupación porque gran parte de los usuarios y usuarias medicinales llevan adelante sus cultivos en espacios abiertos bajo la luz del sol.
Entonces, a las horas se emitió un nuevo comunicado en el que se aclaró que “el cultivo interior consiste en un cultivo bajo condiciones controladas”, y que la resolución no estaba hablando de “indoor” o “cuarto de cultivo”.
El blanqueo de esta confusión llegó por parte de las organizaciones que forman parte del CCH, quienes habían recibido las quejas y dudas.
Por eso, también piensan en ampliar los derechos de la actual legislación que todavía mantiene deudas administrativas, como los cultivos en red llevado adelante por las organizaciones y el límite de plantas.
“Estamos en proceso de una nueva carta de pedido urgente para el Ministerio de Salud, ya que necesitamos se puedan clarificar el anexo II sobre el cultivo en exteriores, la cantidad de plantas se pueden tener y el cultivo para las ONG”, explica Fernanda Canut, del CCH nacional e integrante de Cannabis Medicinal Rio Negro.
Luego, Canut agrega: “Seguimos en la ilegalidad quienes estuvimos en el frente ante un Estado que estuvo ausente y que hoy está muy acelerado en sacar un proyecto productivo nacional, pero en el mientras tanto estos puntos que son sumamente importantes siguen sin clarificar”.
Parte de las decisiones
En San Antonio – Las Grutas, Río Negro, el municipio aprobó una ordenanza municipal que dio un marco al autocultivo de cannabis con fines medicinales antes de la nueva reglamentación nacional.
Este avance fue consecuencia del caso emblemático de María Eugenia Sar y su nieto Joaquín, diagnosticado con Síndrome de Tourette.
Gracias a la ordenanza se conformó un CCH integrado por concejales, usuarios y representantes del Poder Ejecutivo, de la Universidad del Comahue, de Salud Pública y de la organización Cannabis Terapéutico San Antonio Las Grutas, de la cual Sar es integrante.
Sar Explica que no hay trabas ni dificultades en el CCH, aunque reconoce que se les dificultó reunirse regularmente por la pandemia.
“Tenemos en claro que desde la asociación queremos avanzar en el cultivo colectivo”, explica Sar.
Y aclara que el cultivo familiar les funciona muy bien, por lo que existen 150 usuarios registrados. El CCH le otorga el permiso a quienes piden cultivar y dura dos años. El requisito es que vivan en San Antonio o Las Grutas.
Asegurarse un lugar para garantizar derechos
A diferencia del CCH nacional y el de San Antonio – Las Grutas, en Entre Ríos todavía no está conformado. Hace poco, se aprobó la ley de cannabis medicinal, pero aún no ha sido reglamentada y puesta en ejecución.
En las últimas semanas, el Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos (FOCER) solicitó al gobierno de la provincia que se lo convoque para asesorar en la redacción de la reglamentación. El pedido no fue respondido.
“Entendemos que, en la regulación provincial del cannabis medicinal, no pueden faltar los conocimientos que por años hemos acumulado y difundido las organizaciones cannábicas”, explica Tabaré Echeverría, miembro de la Agrupación Panaraense de Agricultorxs Cannábicxs (APAC) que integra el FOCER.
Las organizaciones cannábicas que quieren integrar el CCH son las mismas que conforman el FOCER: APAC (Paraná), Cannabis Medicinal Concordia (CAMECO – Concordia), Cultivadores terapéuticos de la Costa del Río Uruguay (CUTECOUR – Colón), Asociación de Pensamiento Penal (APP – Capítulo Entre Ríos), Cooperativa Cultivos en Red (Paraná) y Asociación de Cultivadores de Entre Ríos (ACER – Gualeguaychú).
El CCH del ámbito nacional sea tal vez el mejor ejemplo de la importancia del lugar que ocupan las organizaciones cannábicas en la toma de decisiones.
El avance de la nueva reglamentación y diferentes aclaraciones que realizaron, como aquella vez que el anexo del Ministerio de Salud afirmaba que solo estaba habilitado el cultivo interior, fue clave la voz del activismo.
También sucede en los CCH provinciales y municipales, donde las personas que más reclamaron por el acceso al cannabis, pueden crear sus propios registros -como en San Antonio – Las Grutas) y estar atentos ante los posibles errores de los funcionarios.