La Brújula 24
La semana pasada se comenzó a debatir en el Congreso de la Nación Argentina el proyecto elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para regular la industria del cannabis medicinal y del cáñamo.
Sin dudas, se trata de una noticia que muestra un cambio notable de mirada por parte del Estado.
Pero lo cierto es que sin una reforma integral a la ley de drogas, las personas que cultivan cannabis y/o consumen esta y otras sustancias continuarán siendo criminalizadas.
Este no es un tema menor. Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación la cantidad de “hechos presuntamente delictuosos” vinculados a la ley de drogas registrados por las fuerzas de seguridad de todo el país crecieron exponencialmente en los últimos años.
Concretamente, se triplicaron en tan sólo un lustro, pasando de 32.884 en 2014 a 61.746 en 2018 y 98.037 en 2019.
Es más, el aumento que se produjo en el último año, se explica principalmente por el incremento en un 84% de los hechos registrados como “tenencia atenuada para uso personal”.
En otras palabras, en 2019 las fuerzas de seguridad detuvieron a 144 personas por día por “tenencia para consumo”. Si añadimos las infracciones caratuladas como “tenencia simple”, al menos el 66% de los hechos registrados en 2019 por “infracción a la ley de drogas” no estuvieron relacionados con la venta.
Más cultivo, más penalización
La suerte de quienes cultivan cannabis, de acuerdo con los datos disponibles en la Plataforma interactiva de datos estadísticos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), no es muy diferente.
En nuestro país los cultivadores y cultivadoras de cannabis han sido en los últimos años uno de los grupos más perseguidos y criminalizados. Las causas iniciadas por conductas asociadas a su cultivo pasaron de 789 en 2015 a 1244 en 2016: un aumento de casi el 58%.
Actualmente, en la justicia federal se abren 2 causas por día a personas por conductas asociadas al cultivo de la planta.
El 66% de los hechos registrados en 2019 por “infracción a la ley de drogas” no estuvieron relacionados con la venta
Estas causas, a diferencia de lo que sucedía años atrás, no se concentran en unas pocas provincias, sino que se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional.
Un fenómeno que, en parte, se explica por la difusión de los usos terapéuticos de la marihuana a partir del 2015, pero sobre todo por la consolidación de un movimiento y una cultura cannábica local que nació a principios de este siglo y desde entonces ha crecido a pasos agigantados.
Esta comunidad no fue en principio protegida por la Ley Nacional de Cannabis Medicinal (27.350) y su posterior reglamentación.
De hecho, gran parte de las personas que hacen uso terapéutico de cannabis y sus familias se vieron obligadas a continuar recurriendo al mercado ilegal, con los peligros para la salud que ello puede traer aparejado o bien, expuestas a ser detenidas, allanadas y/o privadas de su libertad por cultivar y elaborar su propia medicina.
Esta situación recién se modificó a inicios de este año cuando se implementó el REPROCANN, un registro que autoriza a cultivar con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos del dolor a usuarios y usuarias, familiares, terceras personas y ONG. De todas formas, debido a la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad y operadores y operadoras judiciales se han producido en las últimas semanas allanamientos a personas correctamente inscriptas en el registro.
Una política criminal ineficiente
La mayor parte de las causas por cultivo, al igual que ocurre con los delitos de “tenencia para consumo” y “tenencia simple”, ingresan a la justicia federal como resultado de tareas de prevención de las fuerzas de seguridad –sobre todo, de las policías provinciales- y en el 84% de los casos tienen una o ninguna persona imputada.
Esta realidad se repite en las causas de “tenencia para consumo” (90%), “tenencia simple” (87%) e incluso en las de comercio (78%), dejando en evidencia que los blancos predilectos de las fuerzas de seguridad continúan siendo personas que usan, cultivan, transportan y/o venden drogas en pequeñas cantidades.
Cultivadoras y cultivadores son uno de los grupos más perseguidos y criminalizados del país. Entre 2015 y 2016 las detenciones aumentaron un 58%. Hoy se abren dos causas por día en la justicia federal
La persecución del crimen organizado conllevaría, por el contrario, tareas de investigación policial e implicaría un mayor número de personas imputadas por causa.
Una vez en el sistema judicial, si bien los casos de tenencia para consumo en general acaban en sobreseimientos o se archiva la causa, no todos los operadores y operadoras judiciales comparten este criterio; mientras que, las conductas asociadas al cultivo –siembra, tenencia, almacenamiento y transporte de plantas y semillas– son comúnmente consideradas, en un comienzo, indicio de comercio.
Esto luego se traduce en bajos porcentajes de causas elevadas a la etapa oral y en pocas sentencias condenatorias de cumplimiento efectivo. No obstante, la cantidad de personas encarceladas por este tipo de delitos creció, entre 2002 y 2019, un 338%.
Aún hay más, el 66% de las personas presas en 2019 por infracciones a la ley de drogas se encontraba procesada y entre quienes cumplían condena, el 77% la hacía por penas menores a 6 años. Es decir, cumplían las penas más bajas.
En síntesis, estas políticas punitivas no sólo resultan ineficaces contra el crimen organizado, sino que vulneran derechos y producen daños.
Es más, persisten pese a que en 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo y a la sanción de la Ley de Cannabis Medicinal (2017), una norma que reconoce las propiedades terapéuticas del cannabis conforme las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la reciente reclasificación del cannabis por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En este escenario, la descriminalización de las conductas asociadas al consumo y la regulación integral del cannabis, sustancia psicoactiva más consumida en el país después del alcohol y el tabaco, se presentan como medidas necesarias y urgentes que deben ser debatidas con la seriedad que merecen.
La autora es Doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, miembro del Equipo de Antropología Política y Jurídica (EAPJ) del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e Investigadora Asistente del CONICET