Pablo Albarenga
Desde el año pasado, el Ministerio de Interior de Uruguay busca acceder a los datos personales de los autocultivadores y los clubes de cultivo del país vecino. Y se activaron las alertas.
Uruguay reguló el cannabis en 2013. A partir de entonces se puso en marcha un sistema que permite el acceso al cannabis por tres vías: el autocutivo, los clubes de cultivo y la compra en farmacias. Desde entonces, cada vez más personas obtienen legalmente su cannabis.
Cada persona usuaria debe optar por una vía de acceso y, para ello, debe registrarse. Ese punto fue uno de los que más cuestionamientos generó por parte de la sociedad civil, pero finalmente se entendió como parte de una negociación con los sectores más convervadores de la sociedad.
Hasta el momento, esta es una información considerada sensible. Solamente la tiene el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), un organismo autónomo que fue creado cuando se sancionó la ley que convirtió a Uruguay en primer país del mundo en regular el cannabis.
Sin embargo, el Parlamento comenzó a tratar un artículo que podría hacer tambalear una de las bases fundamentales de la legalización uruguaya: el derecho a la privacidad. Diputados y senadores tienen en sus manos la decisión de permitir que las fuerzas de seguridad tengan acceso a la información de usuarios, clubes y cultivadores.
La persona que impulsó este cambio de lógica fue Jorge Larrañaga. Fallecido en mayo de este año mientras ocupaba el cargo de Ministro del Interior, fue uno fue uno de los legisladores que más se opuso a la regulación del cannabis durante su sanción.
A pesar del fallecimiento de Larrañaga, en las últimas semanas, el Poder Ejecutivo presentó mediante la Rendición de Cuentas un artículo por el cual se podría dar acceso al Ministerio del Interior a los nombres, direcciones y números de teléfonos de los uruguayos que, hasta el momento, están protegidos por el IRCCA.
En ese marco, el activismo cannábico uruguayo comenzó a alzar la voz. “La medida refuerza la criminalización de una actividad lícita y estigmatiza a las y los usuarios de cannabis”, asegura la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay en un comunicado que rechaza el artículo 72 de la Rendición de Cuentas.
Qué es la Rendición de Cuentas
Dentro del sistema institucional uruguayo, todos los años el Parlamento vota lo que se conoce como Rendición de Cuentas. Esto se trata de una ley madre con una batería de artículos que pretenden hacer, como su nombre lo dice, una evaluación del presupuesto ejecutado durante el año anterior.
El mecanismo de Rendición de Cuentas sirve para realizar cambios presupuestarios de las legislaciones para que estas funcionen de manera más eficiente o puedan resolverse problemas que se observaron durante su implementación.
“Pero el tema es que este es un artículo completamente descolgado del Gobierno para salirse con las suyas”, le dice a THC Majo Miles, la Presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay, sobre el artículo 72 de la Rendición de Cuentas que pretende modificar un aspecto fundamental de la ley de regulación del cannabis.
Cuando se conocieron las intenciones del Ejecutivo uruguayo, Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, calificó la propuesta como un error. Y fue más allá: “Es más importante detectar los cultivos ilegales que corretear autocultivadores registrados”
La iniciativa del Gobierno de Lacalle Pou en la Rendición de Cuentas dice: “La información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible (…). La información de la localización (dirección o ubicación) de los clubes cannábicos y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis, serán de acceso por razones de seguridad pública al Ministerio de Interior, a los fines de la prevención de delitos”
En caso que los representantes y los senadores aprueben la Rendición de Cuentas, la dirección de los autocultivadores y clubes de cultivo de cannabis, que estaban protegidos por la ley, podrían quedar al alcance de las fuerzas de seguridad.
Si bien el Gobierno de Lacalle Pou tiene mayoría en la Cámara de Representantes, no controla al Senado ya que el Frente Amplio tiene gran parte de las bancas.
“Todavía falta que se vote. En caso de aprobarse, es menos malo que la redacción original. Pero sigue siendo un retroceso”, reconoce Miles, quien destaca que se le quitó a la policía la posibilidad de realizar controles.
Miles asegura que “preocupa el proceder de la policía”. La Presidenta de los clubes de cultivo dice también que esta medida está generando temor entre las personas que deciden cultivar su cannabis dentro del modelo regulatorio.
“Es un cambio de reglas muy grande para los que estamos inscriptos y genera desconfianza”, sostiene Miles.
Los pasillos del Parlamento
Sebastián Sabini es uno de los diputados del Frente Amplio que más se opone al traslado de los datos personales hacia el Ministerio de Interior. Además, fue uno de los representantes clave en la sanción de la ley que permitió la regulación uruguaya del cannabis.
En diálogo con THC, Sabini explica que desde el momento de la presentación de la Rendición de Cuentas, hay 45 días para tratarlo en la Cámara. “Vamos a ver qué pasa en diputados y luego en senadores. Nosotros vamos a pedir en las comisiones que se retire el artículo porque es un retroceso muy grande”, asegura el diputado uruguayo.
“Estamos dispuestos a debatir cosas para mejorar. Se pueden hacer muchas cosas a ocho años de haberse aprobado la ley, pero esto va en contra de la regulación”, asegura Sabini sobre lo que considera un retroceso institucional. “Desde esa perspectiva, se criminalizaría un acto permitido en nuestro país”, explica.
Acciones para resistir
Aunque la comunidad cannábica es escuchada en el Parlamento, el activismo ya está organizando diferentes acciones para hacer frente a lo que consideran un atropello a sus derechos consagrados por ley.
Así, conformó la Coordinadora de Cannabis y que agrupa a los cultivadores, clubes, growshops y aceiteros, entre otros. Este grupo ya está pensando un plan de acción en caso que el Poder Ejecutivo consiga los votos en el Parlamento.
“El derecho a la protección de datos personales es un derecho humano con garantía constitucional, por eso vamos a plantear la inconstitucionalidad”, le adelanta a THC la abogada Gianella Bardazano, que es la asesora legal dentro de la Coordinadora de Cannabis.
“Es un cambio de reglas muy grande para los que estamos inscriptos y genera desconfianza. Esto habilita a que la policía caiga a tu casa”, le asegura a THC Majo Miles, la Presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos de Uruguay
Además, Bardazano dice que también “se va a plantear la inconstitucionalidad que dispone la retroactividad de la ley”, en el sentido que las personas que brindaron sus datos personales lo hicieron porque iban a estar protegidos.
“Ya vamos anunciando las inconstitucionalidades en cadena y por acción. Todos los clubes y cultivadores pueden iniciar una acción, al estar mencionados”, cuenta Bardazano, quien también es profesora de Teoría del Derecho en la Universidad de la República.
Según cuenta la abogada, el argumento del Gobierno para acceder a los datos se debe a que se supone que hay cannabis circulando en el mercado ilegal que fue producido en el mercado regulado.
“El tema es que si esto fuese así, la policía puede ir por los caminos de la justicia penal y solicitarle a un fiscal que pida una orden de allanamiento o que se haga la investigación que corresponda”, sostiene.
“No se trata de ‘por las dudas, metemos a la policía en el registro’. Si el Ircca no tiene la capacidad de recoger el exceso de los cultivos, como dice la ley, se tendría que aplicar una sanción administrativa”, explica Bardazano.
“Se quiere volver a una lógica prohibicionista en la que cualquier cultivador es un potencial narcotraficante. Desde esa perspectiva, se criminaliza un acto permitido y regulado en nuestro país”, asegura el diputado Sebastián Sabini.
Por la presión social que ejerció el activismo cannábico, la Coordinadora de Cannabis logró una reunión con el Ministerio de Interior, actualmente a cargo de Luis Heber.
Cuando a comienzos de julio se puso en marcha el debate, Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay, calificó la propuesta del Ejecutivo como un error. Y fue más allá: “Es más importante detectar los cultivos ilegales que corretear autocultivadores registrados”. Y aseguró que avanzar en esa dirección sería “estafar a la gente”.
Aunque hasta el momento no ha surgido ninguna declaración oficial, desde el activismo uruguayo cuentan a THC que confían que los datos continuarían protegidos. Sin embargo, las alarmas están encendidas.