Chile atraviesa un profundo cambio político y social. Desde que en 2019 un grupo de estudiantes secundarios saltaron los molinetes del Metro de Santiago, el país trasandino no volvió a ser el mismo.
Por primera vez desde el golpe de estado a Salvador Allende, en 1973, se volvió a elegir a un Presidente de izquierda -Gabriel Boric- y se está elaborando una nueva Constitución para dejar en el pasado la que redactó el dictador Augusto Pinochet.
Incluso, existen grandes posibilidades que el cannabis sea parte de esta transformación en la redacción de la nueva Carta Magna.
La semana pasada y en un tiempo récord de ocho horas, unas 43 organizaciones cannábicas lograron reunir las 15 mil firmas necesarias para incluir el derecho a cultivar y usar cannabis en la nueva Constitución Chilena.
Ahora, la Convención encargada de la redacción de la máxima legislación del país deberá tomar en consideración la iniciativa popular para regular la planta.
Esta propuesta, que fue llamada “Cannabis a la Constitución”, busca “consagrar en la nueva carta fundamental el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar, incluyendo el uso del cannabis”, según el comunicado oficial del colectivo de las asociaciones.
“Esto es una muestra de la fuerza y de la resiliencia de esta comunidad que se ha visto amenazada y perseguida constantemente por el Estado. Es un triunfo por la defensa de nuestra dignidad y soberanía personal”, asegura la diputada electa Ana María Gazmuri, quien participó de la elaboración de la iniciativa popular.
Por un lado, la iniciativa popular es el resultado de la demanda chilena por una legalización del cannabis que deje en el olvido la criminalización a los usuarios y usuarias de la planta. A partir de una encuesta realizada por la Fundación Eutopía, a mediados del año pasado, el 82% manifestó estar “muy a favor” de una nueva regulación del cannabis.
Pero además, las 15 mil firmas para incluir al uso del cannabis en la nueva Constitución se recolectaron en un tiempo récord de ocho horas. Nunca antes en la historia chilena una iniciativa popular había alcanzado en tan poco tiempo el objetivo mínimo de personas que acompañen una propuesta.
“Semejante éxito da cuenta de la consciencia ciudadana frente a esta materia. El texto presentado es el fruto del trabajo conjunto de 43 organizaciones, un grupo de abogadas, abogados, académicas y académicos”, asegura el comunicado de las organizaciones, donde también estuvieron presentes la diputada electa Ana María Gazmuri, ex Presidenta de la Fundación Daya, y la constituyente Manuela Royo.
Gazmuri, que es una de las máximas referentes del activismo cannábico del país vecino, dice que “Esto es una muestra de la fuerza y de la resiliencia de esta comunidad que se ha visto amenazada y perseguida constantemente por el Estado. Es un triunfo por la defensa de nuestra dignidad y soberanía personal. Estamos construyendo un nuevo Chile, en el que quepamos todos y todas, por lo que vamos a defender este proceso con todas nuestras fuerzas”.
Lo que se viene
Luego de este logro popular, ahora la Convención Constituyente de Chile deberá tomar en consideración la iniciativa y someterla a votación para decidir si se incluye el derecho a cultivar y usar cannabis en la Carta Magna del país.
Entre las últimas novedades, esta semana la Convención retomó sus trabajos que comenzaron en 2020 después que un Plebiscito Nacional aprobó en un 78% la redacción de una nueva Constitución.
El martes pasado abandonaron la presidencia del grupo la académica mapuche Elisa Loncón y el profesor Jaime Bassa, tal como estaba estipulado al momento de su asunción. Ahora, su puesto será ocupado por la investigadora María Elisa Quinteros, una dentista que emergió como una referente de la izquierda chilena como integrante de Movimientos Sociales Constituyentes, tras el estallido social de 2019.
Desde que comenzaron los trabajos de redacción, los constituyentes se concentraron en elaborar el reglamento de funcionamiento y diseñaron las comisiones encargadas de debatir cada temática. En las últimas semanas se iniciaron las negociaciones de fondo para cada uno de los artículos, que esperan terminarse en los próximos meses para que a mediados de 2022 el texto esté listo para someterte a un referéndum para la aprobación popular. En ese momento, el cannabis podrá ser un derecho elemental para los chilenos y chilenas.