La Cámara de Diputados empieza a tratar el proyecto para regular la industria del cannabis medicinal y el cáñamo. Será a partir de hoy en la reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y ganadería y la de Presupuesto y hacienda.
Según adelantaron fuentes oficiales a THC, todo indica que hoy podría resolverse un dictamen conjunto y el proyecto, que ya cuenta con la aprobación del Senado, podría finalmente votarse esta semana.
Al mismo tiempo, aseguran que se trata de un proyecto con amplio consenso, lo que permite pensar en una inminente sanción afirmativa.
El proyecto para regular la industria del cannabis medicinal en Argentina
El proyecto denominado Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial fue elaborado por el equipo de Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, luego que el año pasado se presentaron iniciativas para legalizar la industria de cannabis medicinal y el cáñamo industrial, por parte de las diputadas Carolina Gaillard y Mara Brawer, respectivamente.
El proyecto busca generar normas para dar un impulso industrial en un contexto legal aún complejo.
El cannabis sigue prohibido por la ley penal (23.737): hasta la mera tenencia de una semilla sigue siendo considerada delito. Detenciones y allanamientos de personas que usan y cultivan cannabis son parte de la escena diaria. Pero el cannabis medicinal generó un escenario nuevo que convive con la norma penal.
Su regulación a partir de la ley nacional, las adhesiones provinciales y la nueva reglamentación impulsó cambios que son un hecho.
La ley industrial apunta a dar un marco legal a una serie de actividades productivas que ya existen. En lo que respecta al cannabis para uso adulto, este proyecto no genera modificaciones en la ley penal
Por un lado, cada vez más personas se inscriben en el REPROCANN que permite el cultivo personal, solidario y colectivo de cannabis medicinal.
Por otro, ya avanzaron más de un centenar de proyectos vinculados a la producción y la investigación del cannabis en todo el país. Según los registros oficiales se trata de 22 iniciativas provinciales y 80 a nivel municipal.
El abanico de actividades es variado: desde empresas públicas provinciales, pasando por la producción de aceites en manos de laboratorios públicos y los convenios entre entidades públicas, organizaciones sociales y empresas privadas, hasta los proyectos de investigación que se desarrollan en distintas instituciones estatales.
Los detalles del proyecto para regular la industria del cannabis medicinal y el cáñamo
Entre los aspectos más importantes del proyecto de ley se encuentra la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendría la función de regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva. Además, sería la autoridad de aplicación encargada de otorgar las licencias para producir.
En este sentido, los pequeños y medianos productores tendrían especial preferencia en el otorgamiento de licencias. Así lo aseguró en su momento el propio Kulfas, quien pretende incorporar a todas las asociaciones y cooperativas que hace años trabajan en la temática.
Según afirmaron distintas fuentes oficiales, los pequeños y medianos productres tendrán especial preferencia en el otorgamiento de licencias. Esto permitiría la incorporación de multiples proyectos que vienen trabajando desde hace años
Por otro lado, la iniciativa del Ejecutivo es amplia y no deja de lado la producción de plantas con alto contenido de THC. Sin embargo, Kulfas fue claro respecto a los límites del proyecto: “No regulará los aspectos recreativos”.
“Argentina debe hacer de su regulación una ventaja competitiva y nuestro sector puede convertirse en una puesta estratégica para el país”, sostuvo Pablo Fazio, miembro de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann). “Este proyecto puede ser la puerta para que eso suceda”, aseguró.
De hecho, se trata de un proyecto que el ministerio a cargo de Kulfas venía trabajando desde el inicio de su gestión. El primer paso a nivel público fue un documento oficial que estima la creación de diez mil puestos de trabajos, unos US$ 500 millones en mercado interno y otros US$ 50 millones en exportaciones para los próximos tres años.
“Nosotros pensamos que es un sector que puede crecer de forma federal. Puede incorporar a pequeños productores y cooperativas; la idea es darle preferencia en las autorizaciones que se entreguen para esta industria”, le dijo Kulfas a la THC sobre lo que el considera como “un cultivo con mucha antigüedad, pero con una legalización ordenada puede dar impulso a una industria con desarrollo en muchos aspectos”.
El proyecto no es ajeno a la mirada atenta de la sociedad civil. “Creemos que el proyecto debe considerar nuestra experiencia y nuestros saberes colectivos, así como los de miles de cultivadores y cultivadoras que durante décadas han aprendido a conocer la planta y han difundido generosamente estos conocimientos, arriesgando su libertad en este proceso”, sostuvo meses atrás la Ong Mamá Cultiva en un comunicado.
El debate parlamentario y el aspecto federal
En julio del año pasado, luego de una sesión breve, el Senado dió media sanción al proyecto para regular la industria del cannabis medicinal y el cáñamo. Fue con 56 votos a favor y 5 votos en contra y una abstención: un ejemplo de que hay un acuerdo político a nivel federal.
Es lógico, no hay que olvidar que en el marco generado por la ley de cannabis medicinal, varias provincias comenzaron a desarrollar sus propios proyectos de investigación y producción a fin de abastecer de cannabis medicinal a las personas usuarias de sus territorios, y también con vistas a proveer a un futuro mercado nacional.
Justamente, el aspecto federal es uno de los ejes centrales de la discusión sobre la letra chica de la ley. Ya al momento de la presentación del proyecto ante el Consejo Económico Social, en junio de 2021, hubo muestras de lo que seguramente sea una negociación entre la nación y las provincias.
En aquella oportunidad, el Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, cuestionó que la autoridad de aplicación de la ley, la futura ARICCAME, sea una entidad nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este asunto también fue previamente planteado por el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien adelantó que “el próximo capítulo es la despenalización del uso recreacional. En diez años, queremos dejar de producir tabaco y cultivar cannabis”, aseguró Morales, quien impulsó en su provincia el cultivo en manos de la empresa estatal Cannava.