Desde hace más de un año la Ley de Cannabis Medicinal sigue sin ser aplicada. No sólo el Estado incumplió su obligación de avanzar en la investigación y el desarrollo de fitofármacos a base de cannabis, sino que negó a los usuarios y usuarias el derecho al autocultivo al no avanzar en ningún tipo de registro que ampare a quienes tienen plantas para garantiza su medicina o la de sus familiares. De momento, cualquiera de ellos corre el riesgo de ser allanado, detenido y enfrentar penas de hasta 15 años de prisión.
En ese contexto, la única alternativa legal es solicitar un tipo de extracto de cannabis importado a partir de una presentación en el ANMAT. El sistema falla: sólo reconoce un número reducido de patologías a la hora de habilitar la importación y, según denuncian los usuarios, en los últimos meses los trámites se volvieron más lentos y complicados.
Sin tiempo que perder, ya varias familias de usuarios medicinales comenzaron a presentarse ante la Justicia en distintos lugares del país exigiendo, mediante un recurso de amparo, que se les permita cultivar su medicina sin ser perseguidas.
Bajo la consigna “Amparate” y en medio de un reclamo que se multiplica, la Asociación Pensamiento Penal (APP), que reúne a magistrados e investigadores de distintas áreas, elaboró un modelo de amparo de autocultivo con fines terapéuticos.
“Es una herramienta para democratizar el acceso a la justicia de un universo indeterminado de personas que deseen utilizarlo”, aclara Mariano Fusero, director del Área de Políticas de Drogas de APP. El amparo puede ser presentado ante la justicia por usuarios en cualquier parte del país para que ésta les permita cultivar su propio cannabis con fines terapéuticos y los proteja de un eventual allanamiento.
Cómo hacer uso de esta posibilidad. “El primer paso es conseguir quién ponga la firma y lleve adelante el patrocinio de la causa”, aclara Fusero. “Es un modelo base para que cualquier persona que lleve adelante un cultivo terapéutico acceda a un asesoramiento de un letrado, ya sea particular, una defensoría pública o universidades que brindan servicios de asistencia gratuita, como la UBA”, explica.
Por supuesto, la presentación no es solamente un trámite. Según Fusero, “hay que evaluar la estrategia no sólo en lo jurídico sino también comunicacional, el apoyo de la militancia y organizaciones y eventualmente buscar asociaciones y organismos de DDHH que se presenten con la figura de amicus curiae para brindar apoyo institucional dentro de un proceso penal”.
Los riesgos de “blanquear” un cultivo existen, pero según el miembro de APP “se está presentando algo muy avalado por la jurisprudencia desde la Corte Suprema que dice que estas figuras que se relacionan al consumo personal de la sustancia son inconstitucionales y no deberían emplearse para criminalizar; hay un bagaje de protección”. Aunque aclara la importancia de la visibilidad mediática: “brinda cierta protección ya que genera cierta empatía político social y hasta judicial”.
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