“La propuesta del presidente es hacer un estudio sobre la posibilidad de regular el cannabis y el autocultivo”. Con estas palabras Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, dejó la puerta sin llave para el debate por un cambio en las políticas de drogas de Argentina. Así arrancamos el 2020.
No es accidental. En los últimos años, luego de multitudinarios reclamos para poner fin a la persecución de quienes usamos y cultivamos cannabis, la Ley de Cannabis Medicinal sumó más voces y actores a una misma exigencia: salir de la ilegalidad y garantizar un acceso seguro al cannabis. La estrategia de quienes se oponen a un cambio de ley fue alentar una falsa dicotomía entre usuarios “medicinales” y “recreativos”.
Las comillas las puso la realidad: poder usar cannabis es un derecho, discutir sus razones una trampa. Lo que la ley argentina prohíbe es el cannabis en su conjunto. Quienes usamos el cannabis para tratar una enfermedad y quienes no lo hacemos, intercambiamos información y nos acompañamos en el cultivo. Así saldamos una discusión: lo usos son múltiples, pero la planta en cuestión es una sola y por eso necesitamos una ley que garantice el acceso seguro y universal.
Quienes usamos el cannabis para tratar una enfermedad y quienes no lo hacemos, intercambiamos información y nos acompañamos en el cultivo. Así saldamos una discusión: lo usos son múltiples, pero la planta es una sola.
Además, durante todo 2019 vimos cómo provincias y municipios empezaron a exigir su derecho a producir cannabis. Más allá de las diferencias todos coinciden en lo mismo: la prohibición debe superarse.
Son apuestas para salir del fracaso generalizado al que nos llevó prohibición. Desde una perspectiva sanitaria, el consumo de sustancias adulteradas nunca fue tan masivo y las restricciones a los usuarios medicinales –tanto para cultivar como para acceder a productos artesanales o industrializados– atentan contra la Salud Pública. Desde una mirada jurídica, solo se logró colapsar fiscalías, juzgados y también penales. A nivel seguridad, el diagnóstico es catastrófico: uniformados deteniendo usuarios masivamente en nombre de una lucha contra el narcotráfico que miembros de esas mismas fuerzas favorecen. Económicamente los números están en rojo: mientras en gran parte de América el cannabis es una industria floreciente que genera ingresos públicos y privados creando puestos de trabajo, en Argentina el Estado gasta sus recursos criminalizando usuarios, usuarias y familias.
La prohibición tiene sus días contados. Toca pensar cómo saldremos de ella. Que Argentina sea el furgón de cola de esta historia nos da al menos una ventaja: sobran ejemplos para ayudarnos a pensar. Cruzando el río está Uruguay con el autocultivo garantizado, los clubes, los pequeños y grandes productores, y la venta en farmacias. También se puede aprender cómo en Colombia se está trabajando para articular la producción campesina y la industrial, de lo integral del sistema canadiense, de la vertiginosa productividad con records de recaudación impositiva en algunos estados norteamericanos. Y tenemos también nuestra experiencia: muchísimos años de cultivo, de solidaridad, de intercambio en un país de grandes recursos humanos y naturales.
Contemplar este abanico de posibilidades es imprescindible para un debate serio, donde garantizar derechos sea el motor de las discusiones. El futuro nos demanda mirar la historia con responsabilidad. Nos pide ser profundamente realistas.
Editorial de la Revista THC 129
