El 25 de agosto de 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó mediante el fallo Arriola en parte su postura en relación a los psicoactivos ilegales, el cannabis incluido.
Hoy se cumplen doce años del fallo de los jueces del tribunal supremo decidieran por unanimidad que sería inconstitucional penar la tenencia de sustancias ilícitas para consumo personal.
La base de la decisión fue contundente: la ley de drogas argentina viola el artículo 19 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la intimidad.
Hace 11 años el fallo Arriola de la Corte Suprema declaró inconstitucional la tenencia de drogas para consumo personal y fue un llamado claro al Poder Legislativo para modificar la ley de drogas
A su vez, el fallo fue un pedido explícito al Poder Legislativo para que reforme la ley de drogas.
Si bien la sentencia del máximo tribunal fue el paso más importante en décadas sobre política de drogas en Argentina, aún no ha habido cambios sustanciales con respecto a la normativa. Usuarias y usuarios, siguen bajo la lupa de la ley.
Intentos de cambio
Desde el fallo Arriola se presentaron un total de 28 iniciativas parlamentarias para modificar la ley de estupefacientes y ninguna fue ni siquiera tratada en el recinto, durante once años. 24 fueron iniciativa de la cámara de diputados, 2 de senadores y 2 del Poder Ejecutivo nacional. Así lo detalla un informe de la ONG Reset.
Desde el inicio del mandato de Alberto Fernández, diferentes voces del oficialismo han manifestado que se debe avanzar hacia una nueva reglamentación sobre la política estatal de drogas.
Una de ellas fue la propia ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien a principios de año cuestionó el excesivo gasto que realizan las fuerzas de seguridad por perseguir puntualmente a usuarios de cannabis, el psicoactivo ilegal más consumido.
Según datos oficiales el Ministerio Público Fiscal, gasta unos US$ 40 millones anuales por la criminalización de usuarios de diversas sustancias
“Hay un crecimiento de la cantidad de procedimientos donde la incautación va bajando, es decir, crecen los operativos donde se incauta menos y bajan los que se incauta más”, aseguró la funcionaria sobre un relevamiento que hizo su cartera y que reveló que durante 2019 se secuestraron, en promedio, unos ocho gramos de cannabis en un total de 25 mil operativos.
A partir de datos del Ministerio Público Fiscal, el informe de Reset detalla que este organismo gasta unos US$ 40 millones anuales en la criminalización de usuarios de diversas las sustancias.
Si la cifra se calcula desde el fallo Arriola, el Estado destinó unos US$ 440 millones en la persecución de conductas cuya represión es inconstitucional, por la propia sentencia del máximo tribunal.
La criminalización permanente
“El fallo Arriola remarca la inconstitucionalidad de la persecución penal a consumidores, no existe posibilidad de avanzar en reconocimiento alguno de los derechos de las personas que consumen mientras el Estado lxs siga criminalizando como delincuentes”, explica Mariano Fusero, abogado y presidente de Reset.
“Pese a lo explicitado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo, se sigue persiguiendo, deteniendo, requisando y allanando fuertemente a usuarios y usuarias”, agrega María Victoria Baca Paunero, Defensora Oficial Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
“Once años después del fallo Arriola nos encontramos con que la política legislativa sigue sin avanzar con el objetivo de despenalizar actos de consumo como ser la tenencia y autocultivo”, evalúan desde la ONG Reset
En ese sentido, 11 años después del pronunciamiento de la Corte, quienes usan cannabis y cualquier otro psicoactivo ilegal, así como quienes cultivan la planta siguen sin ningún reconocimiento de derechos.
“Once años después nos encontramos con que la política legislativa sigue sin avanzar en el reconocimiento de tales derechos, a pesar de las 28 iniciativas presentadas en tal sentido por gran parte del arco político nacional, con el objetivo de despenalizar actos de consumo como ser la tenencia y autocultivo”, evalúan desde Reset.
“La gran mayoría de los procesos penales por infracción a la ley 23.737 son contra usuarios o cultivadores”, asegura la defensora oficial Victoria Baca Paunero
“No se ha logrado modificar la construcción del discurso jurídico relacionado al uso de drogas ilegalizadas. La gran mayoría de los procesos penales por infracción a la ley 23.737 son contra usuarios o cultivadores”, asegura Baca Paunero.
“Más allá de la corrección dogmática que tiene Arriola, no deja de ser un fallo de laboratorio”, analiza Luis Osler, abogado penalista y presidente del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (Cecca).
Y detalla: “No toma la realidad de los usuarias y usuarios, y paradógicamente sirvió para relajar las defensas de las personas a la par que se incrementó la persecución policial. Por más Arriolas que haya, sin una regulación justa, no van a servir de nada”.
Paradógicamente Arriola sirvió para relajar las defensas de las personas a la par que se incrementó la persecución policial. Por más Arriolas que haya, sin una regulación justa, no van a servir de nada”, asegura Luis Osler, presidente de la ONG Cecca.
Para Baca Paunero la ley “debería modificarse de tal manera que no criminalice los consumos, las tenencias privadas y el autocultivo con fines personales o solidarios, que en forma alguna afecta a la salud pública”.
Además del derecho a la tenencia y el autocultivo una nueva ley “tendría que incorporar perspectiva de género porque el sistema actual perjudica más gravemente a las mujeres”, dice Baca Paunero sobre una reforma legislativa que garantice los derechos humanos.
Informe: Santiago Carrillo