La persecución a usuarios y usuarias de drogas ilegalizadas por parte de las policías provinciales y las fuerzas federales viene creciendo en Argentina. La tendencia se confirmó en el último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).
Los hechos registrados por distintas infracciones a la ley de estupefacientes pasaron casi de 62.000 en 2018 a más de 98.000 en 2019, crecimiento que se explica porque un 84% de los partes policiales surgen por presunta tenencia de drogas para uso personal.
En la práctica, la reputada guerra contra el narcotráfico se dirige principalmente contra las personas que se quiere “proteger”.
Números confusos y en alza
Durante la presentación del informe en el Ministerio de Seguridad de la Nación, la directora del SNIC sostuvo que en 2019 hubo un incremento del 12,6 por ciento en los supuestos hechos delictuosos registrados respecto de 2018.
Angela Oyhandy detalló luego que esa suba se concentraba mayormente en los delitos contra la propiedad, en los robos que no acabaron con personas lesionadas o muertas, en los robos agravados y en las infracciones a la ley de drogas (23.737).
Resulta llamativo el gráfico, “la torta”, de estos últimos delitos en 2019. El 53,7 por ciento de los hechos registrados por las fuerzas del orden fueron por “tenencia simple atenuada por uso personal de estupefacientes”.
Si a eso se le suma el 12,5 de “tenencia simple”, es decir, poseer una sustancia sin un fin determinado (delito que implica penas de 1 a 6 años), el porcentaje llega a 66,2.
La cuestión empeora cuando se considera la categoría “Otros”, que implica el 22,7. Así, casi el 90 por ciento de las actuaciones no fueron “golpes al narcotráfico” precisamente.
Esa categoría, en la que no se especifica de qué delitos se trata, es la primera vez que se publica. De hecho, antes del 2017 no había siquiera información desagregada sobre delitos de drogas en el sistema. Es decir, no se sabía de qué infracciones a la ley se trataba.
Según explica Oyhandy como ese ‘Otros’ es muy grande, se hizo un relevamiento que incluyó entrevistas en las áreas de estadísticas de las fuerzas federales.
“Ahí vimos que en general prevalecían dos tipos de situaciones: o bien no podían determinar si era una tenencia para consumo personal o simple o también, en algunos casos, había dudas entre las figuras de tenencia y comercialización. En algunas fuerzas, era directamente una categoría residual”, explica la funcionaria.
Suele decirse que las distintas policías en la Argentina detienen a quienes consumen drogas solo para “hacer estadísticas”. Sin embargo, algunos de estos hechos y sus presuntos autores no son registrados. A veces se llega a un arreglo con la autoridad o basta con bancarse el “verdugueo”.
En el caso de conductas como la tenencia de drogas ilegalizadas, este agujero negro debe ser considerado particularmente. Hay que sumarlo al escalofríante panorama de la criminalización.
Sin calles
A diferencia de los casos de robo en los que se trabaja fruto de una denuncia, en el caso de las infracciones a la ley de drogas se trabaja de un modo particular. En la supuesta persecución del narcotráfico la policía toma la iniciativa: a veces con aval de una fiscalía, otras “topándose” con usuarios o usuarias.
A diferencia de lo que se cree, las personas acusadas por tenencia para uso personal no suelen ser detenidas por estar consumiendo en la vía pública. En general, son requisadas sin fundamento válido por las fuerzas del orden; a veces se las “invita” a entregar las drogas antes, otras directamente se los cachea.
“Este tipo de detenciones son un ‘comodín’ para marcar presencia policial en la calle, lo que a veces llega al hostigamiento”, explica Tobías Schleider del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
En Mar del Plata, recuerda Schleider, se había logrado frenar el ingreso constante de causas judiciales contra usuarios y usuarias de sustancias. “Las personas no eran llevadas a las comisarías, se labraba el acta de secuestro, avisando a fiscalía, y se consultaba a la persona si padecía algún problema de adicción y en todo caso se ofrecía material orientativo para buscar ayuda”, explica Schleider.
Esto terminó abruptamente en 2019, con un aumento sideral de causas ingresadas. Las personas detenidas por tener drogas volvieron a ser llevadas a las comisarías. por entonces, la explicación oficial fue que se debía a cuestiones técnicas.
Cuando se unificó el Sistema de Información Delictual del Ministerio de Seguridad bonaerense con el Sistema Informático del Ministerio Público, la falta de medidas técnicas para llevar adelante está integración motivó que volviera a trasladarse a las personas a las comisarías para cargar datos.
Para frenar el rebrote judicializador, a fines del año pasado la Agrupación de Cannabicultores Marplatenses presentó un Habeas Corpus Preventivo que derivó en una audiencia con autoridades policiales, requerida por el juez Juan Tapia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) apoyaron el reclamo de la agrupación para cesar con los criterios arbitrarios y discriminatorios utilizados por la fuerza para interceptar, requisar y hostigar a personas que utilizan drogas.
Estadísticas y algo más
Los datos estadísticos producidos por diferentes organismos del estado evidencian que lo que se ha acrecentado es la persecución a usuaries, así como también a mujeres y personas trans en situación de vulnerabilidad que transportan y/o venden drogas en pequeñas cantidades”, explica la antropóloga Florencia Corbelle, esta integrante del Equipo de Antropología Política y Jurídica, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
Para esta investigadora, el informe del SNIC para 2019 revela una de las tantas consecuencias de las políticas de drogas prohibicionistas en la región y de un modelo de gestión de la seguridad que delega muchas de las decisiones, dirección y administración de este y otros asuntos de política criminal en las fuerzas de seguridad.
“En estos procedimientos y prácticas de detención imperan amplios márgenes de discrecionalidad, que rara vez son cuestionados por les operadores judiciales”, detalla Corbelle.
La masividad del accionar policial por delitos sin víctima como el de consumir drogas puede responder a la necesidad de justificar y sostener el sistema represivo que se ha montado (divisiones especiales, capacitación, equipamientos, etc.). Claro que también funciona como una forma de saturar fiscalías y juzgados, distrayendo los esfuerzos para investigar, por ejemplo, al crimen organizado dedicado al tráfico y distribución mayorista de sustancias prohibidas.
Informe: Emilio Ruchansky / Publicado en Nuestras Voces. Podés leer el artículo completo acá.