Por primera vez en la historia Argentina se vendieron semillas y plantas legales. Fue en el marco de la tercera edición de Expo Cannabis, un espacio que se convirtió en el encuentro de un fenómeno que no para de crecer. Por supuesto, todo crecimiento viene de la mano de conquistas y también de desafíos.
Retrocedamos un poco y observemos lo ocurrido. Más allá de algunos fallos judiciales favorables, en Argentina la ley penal vigente castiga el cultivo y tenencia de cannabis desde hace 50 años. Recién en 2017 se abrió una brecha cuando se sancionó la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Con ella el Estado reconoció el valor medicinal de la planta. A finales de 2020 una nueva reglamentación de la ley permitió el autocultivo y el cultivo solidario para usuarios medicinales.
El paso siguiente fue la creación del Registro del Programa de Cannabis, el Reprocann. Esa herramienta permitió que usuarias y usuarios, certificado médico mediante, pudieran obtener una protección legal para cultivar y trasladar cannabis en todo el país. Hoy más de 170 mil personas tienen un certificado que les permite tener hasta 9 plantas en floración y viajar con hasta 40 gramos de flores secas o 6 unidades de goteros de 30 ml.
También en Expo Cannabis, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que se está trabajando para resolver dos temas claves relacionados al Reprocann: por una lado, que las organizaciones civiles puedan cultivar para pacientes y, por otro, que se acceda a certificaciones médicas en el servicio público de Salud, para garantizar el acceso totalmente gratuito a un derecho que es de todos.
Hoy está a la vista lo que la comunidad plural que se gestó en torno al cannabis puede ofrecer a la sociedad, en cada uno de sus aspectos. Es claro que no debe haber ni una sola persona más asediada, allanada, detenida o encarcelada. Ni una.
En el plano legal la intervención del Instituto Nacional de Semillas significó un paso fundamental para que el derecho al cultivo tenga sustento real: se comenzaron a registrar variedades de cannabis para que puedan ser distribuidas y comercializadas en el marco limitado de lo que permite la ley.
Los certificados de legalidad fueron entregados a los criadores también en ese espacio de encuentro y construcción que fue Expo Cannabis, donde además de darse cita miles y miles de personas usuarias, fue el lugar de reunión de organizaciones civiles de todo el país, de profesionales que buscan cambiar la realidad, de una industria que se quiere diversa, priorizando lazos cooperativos antes que reproducir la lógica de la acumulación y la competencia.
Ese también será un eje de debate cuando se presente la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) , la primera oficina de estado que regulará la industria del cáñamo y el cannabis, por ahora, en su esfera medicinal.
Que el objetivo sea una legalidad cada vez más amplia y que incluya a todos, no nace de una casualidad. Surge en parte del amor que todos compartimos por la misma planta y en gran medida se debe a la construcción colectiva y solidaria que fue la enseñanza impuesta por tantos años de persecución y clandestinidad.
Hoy, en un nuevo escenario, está a la vista lo que la comunidad plural que se gestó en torno al cannabis puede ofrecer a la sociedad, en cada uno de sus aspectos. Y para ello no debe haber ni una sola persona más asediada, allanada, detenida o encarcelada. Ni una.
Para que el reconocimiento de derechos sea pleno, falta aún mucho trabajo por hacer. Todos los que formamos parte del mundo que el cannabis conectó estamos dispuestos a hacer nuestra parte. El horizonte es alcanzar una regulación integral para dejar atrás ese lastre inhumano e improductivo que es la prohibición. Hacia ahí vamos.